Contraloría detectó que el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) gastó más de la cuenta en la contratación de servicio de alojamiento y alimentación para 119 personas durante la cuarentena.

El Gobierno Regional de La Libertad (GRLL) se encuentra en el ojo de la tormenta tras descubrirse un perjuicio económico que alcanza los S/ 69,180.40 en los traslados humanitarios. Esta vez, la Contraloría General de la República (CGR) apuntó su mirada en el servicio de alojamiento y alimentación para 119 personas que arribaron al departamento durante la cuarentena.

Se suma las presuntas responsabilidades penales y administrativas en Julia Soto Deza, gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, y su administrador Danny Cenas Reyna. Mientras que cuatro funcionarios regionales recaen posibles problemas administrativos que deberán resolverse dentro de la entidad regional.

De acuerdo al Informe de Servicio de Control Específico N° 034-2020-2-5342-SCE, algunas de las personas durmieron en sofás y otras compartiendo camas. Ante esto, el gobierno regional no cauteló ni supervisó el servicio de hospedaje, realizando el pago al contratista de 130 soles por persona. Pero, detalla que los Términos de Referencia (TDR) especificaba la cancelación por habitación, lo que originó un desembolso indebido de S/ 42,140.

Asimismo, Contraloría comprobó el excesivo pago por hospedaje de S/ 25,614.40, monto distinto en la propuesta económico enviada a la entidad regional. Además, se realizó la cancelación por la prestación de alimentación de dos recién nacidos que se determinó un perjuicio económico por S/ 1,400. En este caso, la comida está basada exclusivamente en leche materna y/o fórmula.

Más perlitas

La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social elaboró los TDR para contratar los servicios sin especificar el tipo de habitación y cantidad de camas. No incluyeron la capacidad máximas de personas alojadas y no se garantizaba la salubridad para los visitantes.

Asimismo, no se efectuó un estudio de mercado para determinar el valor estimado de la contratación de los hospedajes disponibles, sino que el área cuestionada seleccionó a dedo por un total de S/ 205,030.

El informe también señala que el Consorcio Frayle, al momento de brindar el servicio de hospedaje, no contaba con licencia de funcionamiento para operar ninguno de los establecimientos ofrecidos y contaba con un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, exigido por el Ministerio de Salud (Minsa).

El gerente de Control de La Libertad, David Quiroga, denunció que Julia Soto grabó al personal de Contraloría cuando le entregó el pliego de reclamos. «En mis años que he realizado inspección a diversas entidades, es la primera vez que ha ocurrido esto”, apuntó.

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