Cuando era regidor de Huanchaco, José Ruiz, fue denunciado luego de haber votado a favor de adquisición de patrulleros e implementos de seguridad ciudadana

El juez del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Julio Neyra Barrantes, absolvió, por segunda vez, al actual alcalde de Trujillo José Ruiz Vega, luego de que la Fiscalía lo acusara, de autorizar al municipio de Huanchaco la adquisición de camionetas e implementos de seguridad ciudadana de manera directa, cuando era regidor en el año 2013.

“Siempre lo dijimos: la acusación fiscal no tenía sustento. Nosotros, en calidad de concejales, votamos a favor de la lucha contra la inseguridad ciudadana y autorizamos la exoneración del proceso de adquisiciones de implementos de seguridad, porque nos encontrábamos en situación de emergencia y se avecinaban los Juegos Bolivarianos. Nunca tuvimos injerencia administrativa, esa jamás fue nuestra función”, dijo José Ruiz.

Precisamente, en aquel tiempo, la provincia de Trujillo estaba siendo asediada por la ola de los crímenes, extorsiones y robos, y Huanchaco no era la excepción. Y, como el distrito era sede de los Juegos Bolivarianos, fue necesario garantizar la seguridad de los visitantes. “El propio juez aclara que la tesis fiscal no puede determinar que tuvimos la voluntad cognitiva de lograr un provecho a favor de un tercero (o sea, el proveedor)”, acotó Ruiz Vega.

Al respecto, el abogado del actual alcalde Trujillano, Carlos Avalos, sustentó la defensa y aseguró que jamás existió el interés de beneficiar a ningún proveedor. «Al señor José Ruiz Vega se le acusa por delito de negociación incompatible, que requiere que un funcionario tenga el interés de beneficiar a un tercero. El juez ha concluido que la Fiscalía no ha presentado prueba de que el dr. Ruiz haya tenido interés de este tipo, o que haya habido irregularidad alguna en la contratación de los proveedores. No tiene sentido que Ruiz Vega quiera beneficiar a alguien quien ni siquiera conocía, pues el propio proveedor también niega conocerlo»

En octubre del 2013, se había declarado la emergencia de la seguridad ciudadana de la provincia de Trujillo por el asesinato del Director del Penal El Milagro (mediante Acuerdo de Concejo N° 203-2013-MPT) e, incluso, en abril de ese año el consejo Regional ya había hecho lo propio en toda la Región La Libertad, debido al aumento de los asesinatos por sicariato, extorsiones y asaltos.

Si bien es cierto que, la citada competición deportiva se desarrolló del 15 al 25 de noviembre del 2013, y la buena pro para la adquisición de camionetas, autos, cuatrimotos, motos lineales, uniformes de seguridad y otros bienes relacionados a la seguridad ciudadana (por un valor de S/ 1 millón 215 mil 678) fue otorgada el 23 de diciembre de ese año, dicha necesidad por peligro aún perduraba, por lo que era legal la continuidad del citado proceso. “No se inventó ningún estado de emergencia”, recordó.

Vale indicar que, el art. 20° de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente en ese año, expresaba que sí se podía adquirir de manera directa bienes y servicios por causal de situación de emergencia. Por lo que el asunto termina quedando en la esfera administrativa, mas no en el ámbito político de un pleno del concejo. José Ruiz votó a favor de la exoneración señalada, porque existieron opiniones o informes favorables de Asesoría Jurídica y de Seguridad Ciudadana.