Tras aplazar por más de 2 años la audiencia, desde el 2018 que la fiscalía presentó acusación; el expresidente, Alberto Fujimori deberá responder en un juicio por ejercer esterilización a mujeres de manera forzada.

Este lunes 1 de marzo, inició el juicio contra el expresidente, Alberto Fujimori, quien deberá responder por el caso de esterilización a mujeres de manera forzada que se realizaron bajo su Gobierno (1990-2000). Aquí se viene describiendo cómo este, sus exministros de salud y funcionarios, diseñaron los mecanismos para imponerlas: secuestro, amenaza, abandono de la salud de las victimas y otros. Son más de 270 mil mujeres afectadas, en su mayoría campesinas quechuahablantes.

Los ministros de Salud y otros responsables gubernamentales de la época implicados son Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, junto con el exdirector de Salud Ulises Aguilar.

Según la Fiscalía y numerosas víctimas, Fujimori impulsó un programa de esterilizaciones que supuestamente debía ser voluntario; pero a través del cual imposibilitó el embarazo a miles de mujeres, aunque también a miles de hombres sin su consentimiento. Asimismo, Espinosa subrayó que todos «hicieron mucho daño con su política» al «jugar con las vidas y la salud reproductiva de las personas». 

No se conoce una cifra de víctimas exacta 

Las víctimas podrían ascender a 270 000 y más; aunque el juicio está basado en los testimonios de 1 300 personas que sufrieron lesiones graves a causa de la esterilización y cinco que murieron. 

El plan llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, fue impulsado entre 1996 y 2000, cuando Fujimori dejó definitivamente el poder. 

Fujimori no acudió al juicio, que se celebraba de manera virtual, sino que lo hizo en su nombre el abogado César Nakazaki; ya que sostiene que no debería ser procesado por este caso porque no lo incluyeron en su expediente cuando fue extraditado de Chile. 

Fujimori ya cumple desde el 2007 una condena de 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad durante su Gobierno.

Testimonios de Víctimas

Uno de los casos que el fiscal sacó a relucir durante la primera sesión del juicio es el de Mamérita Mestanza, una mujer Cajamarquina que murió en 1998 por complicaciones de la operación a los 19 años. La joven fue a un centro de salud simplemente para vacunar a su hijo, todavía un bebé, y ahí le indicaron que debía ligarse las trompas, la anestesiaron y se desmayó. A la mañana siguiente, se despertó y la mandaron de regreso a su casa sin ningún tipo de acompañamiento médico.

También está el caso de una mujer que falleció en marzo de 1998 tras ser sometida a la misma intervención.

Además el caso de Rute Zúñiga, presidenta de la asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) a la cual, la amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. Tres enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento.

Por otro lado, en el año 1997 Celia Ramos Durand fue sometida a una esterilización, en el Puesto de Salud del Caserío de la Legua, Piura. Durante la operación presentó complicaciones médicas, la trasladaron a la Clínica San Miguel, Piura, donde llegó en estado de coma y con signos de daño cerebral severo, falleciendo el 22 de julio de ese mismo año.

Según un documento firmado por el exministro Costa, el Gobierno planeaba realizar 150 000 ligaduras de trompas solo en 1997. Según los testimonios, el personal de salud estaba coaccionado a cumplir con los objetivos de esterilización; mientras que a las mujeres se las amenazaba si no aceptaban someterse a la cirugía. 

Indemnización

Además de las eventuales condenas a los inculpados, las damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado; en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000.

Con esta reforma, impulsada por la exlegisladora izquierdista Tania Pariona; el Estado peruano reconoció el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas a recibir una reparación.

Este juicio puede demorar varios meses en finalizar, e incluso años.

Fotografías: (AMPAEF)