Disponen decomiso de bienes y una reparación civil de S/ 300,000

A 35 años de prisión fue sentenciado el exgobernador regional de Áncash César Álvarez Aguilar, tras ser declarado culpable del crimen del exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos, por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional.

Después de cuatro años de juicio oral, el tribunal dio a conocer esta tarde su veredicto sobre el crimen que conmocionó a la región Áncash y que significó el inicio del fin del régimen de César Álvarez: Nolasco fue asesinado por sicarios de siete disparos en marzo de 2014.

Junto con Álvarez también fue sentenciado a la misma pena el exalcalde de la provincia del Santa Luis Arroyo Rojas.

Los jueces determinaron, luego del juicio oral, que ambas autoridades encabezaron una organización criminal dedicada a la corrupción en la administración pública en Áncash. Nolasco, con su labor de fiscalización, habría sido molesto para los intereses de este grupo, por lo que ambos (Álvarez y Arroyo) buscaron eliminarlo.

Sicarios

Para ello, la organización se valió de su brazo armado, compuesto por sicarios de alto rango. Uno de ellos es Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”, quien recibió la sanción de 33 años de prisión. Mientras que el sicario Cristhian Cruzate Pereda –asesino confeso de Nolasco– pasará 35 años en la cárcel.

Penas suspendidas de cuatro años fueron dictadas para Jorge Burgos Guanilo, exasesor de Imagen de Álvarez; y los comunicadores chimbotanos Nelson Vásquez Baca y Juan Espinoza Linares.

Para los exdirigentes del sindicato de Construcción Civil Modesto Mondragón Becerra y Víctor López Padilla se dictaron penas de 5 y 4 años y 11 meses, respectivamente.

Prófugos

En tanto, para la periodista Rosa Alicia Olivares de La Cruz y Jhony Saavedra Acosta se reservó el juicio oral, ya que se encuentran en condición de prófugos de la justicia.

El Colegiado A consideró que no existían elementos que relacionen al crimen de Nolasco a los procesados Juan Calderón Altamirano, Manuel Palacios Flores, Jorge Luis Carmen Ramos, César Sihuas Gonzales, Hernán Molina Trujillo, Raúl Mayor Cortez, Wilber Vargas y Roberto Ísmodes.

La reparación civil ha sido fijada en 300,000 soles, que deberá ser pagada de manera solidaria entre todos los sentenciados para quienes también se dispuso el decomiso de sus bienes.

Agencia Andina.