A través de un comunicado, la Mesa Directiva del Congreso explicó que la reposición del acuerdo -que amplía por seis meses los beneficios a sus integrantes luego de que estos culminen sus funciones- responde a las «amenazas de muerte» recibidas por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la tercera vicepresidenta, Patricia Chirinos.

Señaló que a estas amenazas se suman las manifestaciones de agresión en las inmediaciones del domicilio de la presidenta del Parlamento. Agregó que el acuerdo de Mesa implica el acompañamiento de un suboficial de la Policía Nacional por turno, como personal de seguridad adicional de los que se le asigna a cada congresista, y el uso de un vehículo para el resguardo de la seguridad de los salientes integrantes de la Mesa Directiva.

Manifestó que “dicho acuerdo de seguridad no se viene realizando únicamente en el Congreso de la República, sino en todos los poderes del Estado, como por ejemplo en ministerios, donde inclusive los ministros censurados, siguen recibiendo resguardo de seguridad seis meses después de dejar el cargo”.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, renunció a través de un oficio dirigido a María del Carmen Alva a estos beneficios «por no considerarlo necesario para mi persona».