El cambio también refiere al jefe de esa división, el coronel PNP Carlos Ato Morales.
El gobernador regional, César Acuña, formalizó ayer ante la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, el cambio urgente de los 130 efectivos policiales, que laboran en la División Macroregional de Inteligencia de la Región Policial La Libertad.
La autoridad, que es presidente el CORESEC y lidera el Consejo de Estado Regional, en el oficio Nº 003125-2024-GRLL-GOB, no solo pide al comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria, la remoción total de los efectivos de Inteligencia, sino también el cambio del coronel PNP Carlos Ato, jefe de esa división policial.
Acuña Peralta en el documento señala que los hechos criminales, que continúan ocurriendo en La Libertad, evidencian que la actuación de las bandas delictivas continúa representando una seria amenaza para la población liberteña y que la labor de Inteligencia es muy deficiente en cuanto a captar, procesar, validar, analizar información y proporcionarla para una operatividad efectiva contra la criminalidad.
En tal sentido, el titular del GORE La Libertad pide la inmediata asignación de un oficial y de personal policial que se comprometan, de manera auténtica, a realizar su labor con responsabilidad, compromiso, eficiencia y con sólidos principios éticos. Expresa que el propósito del cambio del personal policial de Inteligencia, más su coronel-jefe, es fortalecer la seguridad ciudadana, la paz social, la tranquilidad y el bienestar que viene reclamando la población de la región La Libertad.
Resultados no son los esperados y extorsión prospera
A su vez, en el contexto de la emergencia, las autoridades policiales, fiscales y judiciales vienen aplicando un conjunto de acciones de control de la delincuencia común y el crimen organizado en la región La Libertad, y que, con el liderazgo del GORE, se realizan reuniones semanales bajo el carácter de Consejo de Estado Regional, en las que se planifican y monitorean un conjunto de intervenciones.
Sin embargo, sostiene que las organizaciones criminales continúan amenazando la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en esta parte del país, cometiendo diversos delitos que siguen manteniendo en zozobra a la población, principalmente de Trujillo y Virú. Dijo que si bien es cierto que los homicidios han disminuido relativamente; no cesan las extorsiones, que siguen constituyendo una franca amenaza para los liberteños, tanto para su economía como para su integridad física y su vida, empleando explosivos.
Este tipo de explosivos provocan gran alarma social entre la población, atentando contra instituciones educativas, locales de empresas y negocios e inclusive viviendas, pequeños negocios y hasta comerciantes ambulantes. A la vez, continúan los homicidios, delitos contra el patrimonio (robos a mano armada y marcaje), tenencia ilegal de armas, inmigración ilegal, etc.
Minería ilegal y probable filtración de información
Considera, asimismo, que la minería ilegal continúa sus actividades ilícitas, suscitando hechos de suma gravedad como el hallazgo del cadáver de un joven ex policía llamado Leonardo Guevara Farfán con signos de tortura en el distrito de Pataz y el descubrimiento de 16 cadáveres en una fosa común en terrenos de la minera “La Poderosa”, envueltos en sacos, y se trataría de trabajadores migrantes que llegaron a Pataz y se convirtieron en mineros ilegales que entran a los socavones para extraer oro.
La máxima autoridad regional refiere, asimismo, que se han producido hechos de inconducta y corrupción dentro de las filas de la Policía Nacional en Trujillo, que demuestran que no hay una labor efectiva de contrainteligencia que permita identificar a los malos elementos y sancionarlos.
Por otro lado, sostiene que la dotación policial actual en la División Macroregional de Inteligencia de la Región Policial La Libertad ha demostrado un trabajo ineficiente para hacer frente a la inseguridad ciudadana, e incluso cabe prever que pueda haber sido infiltrada por ciertos elementos que, por el contrario, estén realizando una labor de filtración de información para las organizaciones criminales, que provocan un enorme daño a la población liberteña y comprometen seriamente las perspectivas de progreso y de bienestar económico, ahuyentando a los inversionistas y a los empresarios debido al alto grado de inseguridad que persiste en esta región, pese a los esfuerzos de las autoridades.
