En un nuevo caso de irregularidades en la administración pública, la Contraloría General de la República ha identificado una presunta responsabilidad penal y administrativa en la actuación de la exjefa de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chicama, en la región de La Libertad.
La exfuncionaria identificada como Leonor Yasmín Vera López, habría incurrido en una doble percepción de ingresos públicos durante el primer semestre de 2023, lo cual es incompatible con la normativa del Estado peruano.
Doble percepción de ingresos públicos
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.º 034-2024-2-2950-SCE, la exfuncionaria asumió el cargo de jefa de la Unidad de Recursos Humanos en la Municipalidad Distrital de Chicama desde el 1 de febrero hasta el 1 de junio de 2023, periodo en el cual también obtuvo ingresos de otro municipio sin contar con la licencia correspondiente. Durante estos cuatro meses, además de su remuneración como jefa de Recursos Humanos, la exfuncionaria firmó un contrato de locación de servicios con la Municipalidad Distrital de Rázuri, ubicada en la misma región, para labores de asesoramiento y apoyo en la elaboración de informes financieros y presupuestarios.
La doble percepción de ingresos se formalizó mediante un contrato de locación de servicios, en el que la exfuncionaria aseguraba no estar percibiendo otros ingresos del Estado ni estar sujeta a prohibiciones. En febrero y abril de 2023, la exjefa presentó declaraciones juradas a la Municipalidad de Rázuri, en las cuales negó recibir remuneraciones adicionales. Sin embargo, estos documentos fueron posteriormente identificados como falsos, pues en ese mismo lapso percibía un sueldo de S/ 3,564.19 de la Municipalidad Distrital de Chicama, bajo el régimen CAS.
Un esquema irregular de contratación
Los documentos de contratación y las declaraciones juradas obtenidas por la Contraloría revelan que la exfuncionaria habría cobrado un total de S/ 11,000 de la Municipalidad de Rázuri en calidad de asesora externa.
A través de este contrato paralelo, se le encargó apoyar en la elaboración de informes financieros, presupuestarios y otros documentos de gestión municipal. Sin embargo, el marco legal prohíbe que un funcionario contratado bajo régimen CAS reciba otro ingreso estatal sin una licencia sin goce de haber o una autorización explícita, requisitos que la funcionaria no cumplió en ninguno de los dos casos.
Procedimientos y consecuencias legales
Este caso fue presentado a la Procuraduría Pública de la Contraloría, la cual llevará a cabo el proceso penal por las faltas cometidas. Además, el caso fue remitido al órgano instructor para la aplicación de sanciones administrativas, las cuales podrían resultar en la inhabilitación de la exfuncionaria para ejercer cargos públicos, de comprobarse su culpabilidad.
La Contraloría ha resaltado la gravedad de esta falta, pues atenta contra la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. A través de su portal institucional, el ente de control recordó que la normativa en Perú prohíbe expresamente la doble percepción de ingresos estatales para los funcionarios públicos, salvo en casos excepcionales con licencia sin goce de haber, condición que no fue solicitada ni respetada en este caso.
Acceso a la documentación y seguimiento del caso
El informe completo se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Control y en la web oficial de la Contraloría General de la República (www.gob.pe/contraloria), donde el público y las entidades interesadas pueden acceder a la documentación detallada. La publicación de este informe responde a los esfuerzos de la Contraloría por hacer transparente el uso de los recursos públicos y combatir la corrupción en las instituciones del Estado.
La situación de la exfuncionaria será un caso ejemplar para advertir sobre las consecuencias de los actos irregulares en la función pública. En los próximos meses, se espera que las autoridades correspondientes continúen con el proceso sancionador y aclaren las responsabilidades legales.
