El Ministerio Público abrió una investigación contra el periodista de OjoPúblico, Ernesto Cabral Mejía, por incurrir en el presunto delito de revelación indebida, sancionado hasta con seis años de prisión; luego de que, en el 2019, el medio Ojo Público y The Intercept Brasil revelaran una serie de coordinaciones irregulares entre el procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, Martín Belaunde Lossio, y dos fiscales del sistema anticorrupción, Elmer Chirre Castillo y David Alan Castillo.

La investigación está a cargo de los fiscales Richar Guerrero Soto, como titular del despacho y firmante de las disposiciones fiscales, y Orlando Ramírez Pastor, como adjunto y designado a cargo del caso; ambos del Cuarto Despacho Provincial Penal, de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria – San Luis.

La denuncia fue presentada en 2019 por el abogado de Belaunde Lossio, Luis de la Cruz Moreno, acusando al periodista de revelar que su defendido se había acogido a la colaboración eficaz en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht al ex presidente Ollanta Humana y al ex gobernador de la región Áncash, César Álvarez. El denunciante considera que la investigación periodística es una “amenaza materializada…” para su patrocinado.

El proceso está en curso desde junio pasado. Los fiscales a cargo han ordenando a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri) que se encargue de las investigaciones, además de estar tramitando ante el Poder Judicial el levantamiento de las comunicaciones del periodista.

Los audios publicados por Ojo Público y The Intercept demostraron cómo fiscales anticorrupción y el aspirante a colaborador eficaz Martín Belaunde arreglaban el testimonio de éste último para que concuerde con la versión oficial de la Fiscalía.

Abogado de Ojo Público

El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, quien defiende a OjoPúblico en diferentes casos similares, dijo que la investigación de la fiscalía es un flagrante ataque a la libertad de expresión.

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“La difusión de las identidades de los colaboradores eficaces ha sido común en los medios de comunicación […] sobre todo en casos de un elevado interés público […] y Martín Belaunde no es cualquier caso, se involucró a la propia pareja presidencial”, explicó Rivera. El abogado agregó que este proceso debe ponderar la libertad de expresión de los periodistas: “Cuando estamos frente a temas de un elevado interés público, debemos hacer una valoración del rol de los medios de comunicación, ¿o vamos a criminalizar a la prensa?”.

Rivera Paz dijo, además, que el delito de revelación indebida de identidad “pareciera ser un tipo penal hecho contra los medios de comunicación, porque un periodista está mucho más expuesto a ser denunciado por un delito de esta naturaleza, en relación con otros ciudadanos que no cumplen un rol informativo”. El abogado, finalmente, aseguró que el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones vulnera el derecho constitucional de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información.

Vía Ojo Público

Por NTrujillo

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