Semana tras semana el ambiente político entra a la deriva como una suerte de tobogán que no tiene cuándo terminar. El mundo político, desde la convocatoria a las elecciones generales para el periodo presidencial 2021- 2026 ha experimentado conatos de vacancias, pedidos de renuncias, denuncias por investigar ante evidencias mostradas por diversas personas que quieren acogerse a la colaboración eficaz en este mundo de corrupción que ha ido estallando por ciclos desde que reventó Odebrecht y otras empresas que se coludieron con instituciones y personajes públicos por décadas. Pese a todos los destapes que han involucrado a todos nuestros últimos expresidentes, candidatos, exalcaldes, excongresistas, expresidentes regionales, gente ligada a empresas privadas (como el Club de la Construcción, por ejemplo) y personajes de las comunicaciones sociales; los avances judiciales han sido lentos y esta situación se ha complicado por los momentos que estamos atravesando. Lo que sorprende, eso sí, a vista de analistas más serios, críticos y reflexivos, es la celeridad con que estas acusaciones surgen en momentos que nuestro país pueda entrar en una segunda ola de contagios y cuando hay cierta recuperación económica.  Martín Vizcarra, a diferencia de presidentes anteriores, no cuenta con algún partido que lo represente y, cierto es, ha chocado con frecuencia con un Poder Legislativo altamente deslegitimado por las acciones realizadas por el anterior y actual Congreso. Las posibilidades que MV vaya a prisión tras su mandato son bastante probables. Pero, el propósito de vacarlo tiene, a todas luces, la intención de postergar los comicios de abril. Son móviles oscuros los que los motivan y no la verdadera justicia. La tensión generada en los numerosos casos de estos últimos meses causa malestar a una ciudadanía agotada de los frecuentes casos de corrupción en todos sus niveles y la imposibilidad de centrar fuerzas para los otros casos urgentes que nos agobian como son la recuperación económica y la contención de una posible ola de contagios. No creo que haya ciudadano peruano que no haya tenido familiar cercano o lejano, amistades o conocidos que hayan sido afectados por el COVID-19 o, peor aún, que haya fallecido.

Es interesante leer la entrevista hecha al economista, historiador y filósofo Óscar Ugarteche en la cual hace un retrato de nuestra sociedad, sus fortalezas y debilidades sociales que deben de ser tomadas en cuenta. Según él, los peruanos son trabajadores y que hacen mucho esfuerzo por seguir adelante; pero en esa radiografía, tenemos carencias fuertes como la escasez de clases dirigentes (no confundir con dominante) que vean el bienestar de los ciudadanos en todos sus niveles con el fin de cubrir sus necesidades básicas por derecho y crear condiciones para ser personas dignas e iguales frente a construcciones sociales que rigen nuestro diario vivir; como es lo es la ley y el sistema judicial, o el sistema educativo, por ejemplo. Sin embargo, vemos cómo estos dos pilares sociales básicos están lejos del ciudadano común y han sido espacios en los cuales muchos malos elementos han generado ganancias en desmedro de los peruanos a pie, como lo hemos visto en las universidades “bambas” o los sonados casos de jueces corruptos ligados a partido políticos, cuyos numerosos representantes pueblan este Congreso que ansía la postergación de las elecciones generales.

Ugarteche hace hincapié revisar este modelo muy debilitado por esta pandemia. Fortalecer la educación es un punto primordial que debe de estar en cualquier plan de gobierno. Es necesario que la sociedad civil, a través de sus instituciones diversas, asuma un rol más vigilante sobre el mundo político y poner énfasis en los aún desconocidos planes de gobierno de los numerosos partidos políticos, los que son tan inestables, poco confiables y encubridores de personas con dudoso pasado que aprovechan las condiciones de nuestra débil democracia formal para sacar ventajas individualistas.

Gerardo Cailloma

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