La Contraloría General de la República (CGR) halló presunta responsabilidad penal y administrativa en 14 funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de La Libertad por irregularidades identificadas en las acciones de supervisión y fiscalización de la Minera Quiruvilca (Santiago de Chuco), Petrocentros Unidos Minoristas Arrascue Serrano (Moche) y el botadero San Ildefonso en el distrito de Laredo (Trujillo).
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-5684-AC (periodo del 15 de febrero de 2023 al 16 de enero de 2026) se determinó que jefes y colaboradores de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas limitaron la intervención oportuna y la eficacia de la función fiscalizadora del OEFA al realizar un análisis fragmentado de la información obtenida en las supervisiones de los años 2023, 2024 y 2025 a la unidad fiscalizable Quiruvilca.
La información correspondiente a la supervisión de 2023 comprendía los resultados de monitoreos de agua residual industrial, con elevadas concentraciones de metales, así como evidencia de deterioro e inestabilidad física de ciertos componentes de la minera. En tanto, en las supervisiones de los años 2024 y 2025 no se ordenaron medidas preventivas pese a reconocer la persistencia de las condiciones ambientales críticas identificadas.
En el caso de la empresa Petrocentros Unidos Minoristas Arrascue Serrano E.I.R.L, ubicada en el distrito de Moche (Trujillo), los funcionarios de la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas y de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos determinaron que no correspondía imponer medidas correctivas a esta empresa comercializadora de combustible denunciada por contaminar el agua subterránea de un pozo de uso domiciliario.
Sin embargo, ambos órganos habían reconocido en sus respectivos pronunciamientos de los años 2024 y 2025 que la falta de impermeabilización de la fosa portatanques del establecimiento permitió la fuga de combustible desde el sistema de tanques enterrados, afectando la calidad del agua subterránea con concentraciones elevadas de hidrocarburos y otros compuestos.
Otro de los casos corresponde al botadero San Idelfonso, en el distrito de Laredo, donde la ODE La Libertad no impulsó las acciones correspondientes ante el incumplimiento de medidas preventivas ordenadas a la municipalidad distrital para el esparcido, compactación y cobertura de residuos sólidos, así como para la elaboración y ejecución de un plan de vigilancia que evitara su quema. Esta situación impidió la ejecución de las multas coercitivas.
La auditoría de cumplimiento fue comunicada a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales correspondientes y al titular del OEFA para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, entre otras acciones. Dicho documento está disponible en el Buscador de Informes de Control y en el portal www.gob.pe/contraloria
