La presencia de viviendas alrededor de la zona correspondiente a las obras de la Quebrada San Ildefonso ha traído consigo múltiples cuestionamientos sobre el control del área, considerando que la culminación de estos trabajos en el cauce es necesario ante la inminente llegada de fenómenos naturales.
Una investigación periodística encontró que estos inmuebles que yacen a ambos lados de la hondonada, junto con las grandes cantidades de desmonte que son botadas directamente en el área de las obras, no son más que el resultado de una lotización de los terrenos aledaños, los cuales son vendidos a familias que, en su desamparo, buscan un hogar.
El tráfico
El informe detalló que a lo largo de la zona se encontró que el espacio para el paso del agua se había reducido drásticamente, y es que todo parece indicar que existen personas capaces de «lotizar» estos espacios que comprenden el cauce de la quebrada para estafar a las familias de escasos recursos.
«Vivienda propia», es una de las promesas que les hacen a estos núcleos familiares para poder venderles espacios que terminan afectando el cauce geográfico y obstaculizando además el desarrollo de las obras de prevención en la quebrada San Ildefonso. Y es que la reducción del espacio por donde fluye el agua se debe a la acumulación de basura y desmonte arrojados por los mismos pobladores, lo cual se ha vuelto muy frecuente en la zona.
Ahora se ven las consecuencias
En 2017, las intensas lluvias provocaron el desborde de las aguas de la quebrada San Ildefonso, arrasando con muchas viviendas a su paso. A raíz de esto, las autoridades calificaron esta zona de intangible debido a los daños que dejó en diferentes distritos de la provincia de Trujillo. Pese a esta advertencia, a principios de 2020, el entonces subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, César Florez Corvera, dio a conocer un hecho inquietante.
Traficantes de terrenos se encontraban lotizando estos espacios para vendérselos a las familias que desconocían sobre los riesgos presentes en esta parte de la provincia. Tal y como señaló César Florez en aquel momento, estos «inescrupulosos» comerciaban estas áreas ubicadas en zonas de alto riesgo, aprovechándose de los pobladores que buscaban un hogar donde vivir. Florez indicó también que para ese 2020, el lugar ya estaba ocupado por múltiples casas y otro tipo de estructuras, reforzando su temor de que se repitan los hechos de 2017.
La presencia de este tipo de construcciones en las zonas periféricas de la ciudad es uno de los principales distintivos de las urbes de la costa peruana, aspecto que se debe en muchas ocasiones a este tipo de actividad ilícita que busca lucrar de cualquier forma, aprovechándose de las necesidades de las familias. De igual forma, la inacción de las autoridades para solucionar este tipo de situaciones ha provocado la ocupación de estos espacios, provocando una expansión descontrolada.
