Al menos 800 casos de abuso sexual infantil fueron registrados entre las comunidades nativas de la provincia amazónica, Condorcanqui, de los cuales, 300 tuvieron lugar durante el 2025. Pese a estas alarmantes cifras, el Ministerio Público, bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y debido a la falta de presupuesto, decidió despedir a varios trabajadores pertenecientes a las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Río Santiago y El Cenepa.

El incremento de casos en Condorcanqui conllevó a la creación de esta fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual. Pese a su corta vida, las decisiones tomadas por el Ministerio Público ponen en riesgo la continuación de las investigaciones en una provincia marcada por los altos índices de violencia sexual. Y es que, de los 300 casos de abuso infantil registrados en 2025, la mayoría de presuntos agresores se encuentra en libertad.

El desmantelamiento de estas unidades fiscales especializadas pone en riesgo también el funcionamiento de la Cámara Gesell de Condorcanqui, diseñada para que las víctimas de abusos sexuales puedan declarar ante profesionales del ámbito legal, psicológico y social, de forma que su caso pueda ser llevado de una mejor forma. El obstáculo en el ejercicio de esta primera cámara de la provincia podría dejar a las víctimas sin apoyo especializado.

“Hay una vulneración de derechos indígenas. El Estado incumple su deber de protección hacia los pueblos Awajún y Wampís, permitiendo que la falta de recursos económicos se convierta en cómplice de la violencia sexual”, declaró una fuente del Ministerio Público de Condorcanqui, quien de igual forma señaló que al menos 26 trabajadoras CAS fueron despedidas, hecho que privaría a las fiscalías penales provinciales de apoyo administrativo necesario para el avance de las investigaciones.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosmery Pioc, expresó que el esfuerzo por traer justicia a las víctimas de abuso sexual, se encuentra en riesgo. Señaló que los distritos fiscales de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, se encuentran equipadas, por lo que resulta impensable que la sede de Condorcanqui carezca de presupuesto. La autoridad nativa teme que los casos puedan quedar impunes.