El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) considera que los primeros 100 días del próximo gobierno peruano serán determinantes para frenar la minería ilegal, una actividad que ya supera al narcotráfico como economía ilícita. En días pasados, presentó diez propuestas para desactivar esta economía ilícita.
De esas decisiones dependerá si esta actividad se detiene o continúa expandiéndose. El especialista del OMI, César Ipenza, consideró que el nuevo gobierno debe entender que la minería ilegal ya es la principal actividad delictiva del país y la que más dinero mueve, con cerca de 11 500 millones de dólares, y la que viene acompañada de graves impactos ambientales y delitos conexos.
Para el Observatorio, urge cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Ese registro se convirtió en escudo para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles. El nuevo gobierno no debería ampliarlo más, sino diseñar un régimen temporal que anticipe su cierre. Otra propuesta es aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que los mineros que operan en zonas prohibidas respondan en lo penal y lo civil.
También debe asegurarse presupuesto para la lucha contra la minería ilegal. No se pueden realizar interdicciones en las zonas controladas por mafias si la Fiscalía no tiene recursos (este año tiene cero soles). Además, exige medidas antisoborno en el Ministerio de Energía y Minas, dado que la Dirección de Formalización Minera arrastra denuncias de corrupción y expedientes observados de años atrás.
Estas propuestas están dirigidas a los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP). Según el Observatorio, sus planes de gobierno presentan vacíos. Ninguno explica cómo resolverá el problema.
