La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo definitivo de la investigación preliminar seguida contra la vacada expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por la presunta comisión del delito de falsedad genérica. La hipótesis del Ministerio Público señalaba que la exmandataria habría incurrido en un acto ilícito al simular o alterar la verdad en la suscripción de diversos decretos y resoluciones oficiales emitidos entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el cual se encontraba en descanso físico tras someterse a una intervención médica con fines estéticos.
El abogado defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, fue el encargado de hacer pública la resolución fiscal a través de sus redes sociales. Según detalló el letrado, el archivamiento del caso se fundamenta en un reciente informe pericial de documentología forense que determinó de manera concluyente que las firmas estampadas en las normas legales cuestionadas sí corresponden de puño y letra a la exjefa de Estado, ratificando su total autenticidad y originalidad, lo que desbarató los cuestionamientos iniciales sobre una presunta suplantación gráfica.
Asimismo, la defensa argumentó que el Ministerio Público constató que no existió ningún tipo de mandato o prescripción médica formal que inhabilitara físicamente a Dina Boluarte para ejercer sus funciones gubernamentales durante los días posteriores a su cirugía estética, realizada por el médico Mario Cavani. Portugal remarcó que, a lo largo de las diligencias, se recopiló abundante evidencia documental y testimonial que acreditó que la expresidenta mantuvo una participación activa y permanente en la toma de decisiones del Estado, inclusive durante su etapa de convalecencia.
Como se recuerda, esta controversia, bautizada mediáticamente como el caso de las «firmas falsas», se originó tras las declaraciones de la exasistente presidencial Patricia Muriano, quien afirmó ante los fiscales que normas de gran relevancia —como el Decreto Supremo N.° 017-2023-SA (relacionado con la Ley de Alimentación Saludable) y el cese del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre— ostentaban rúbricas adulteradas. Aunque el caso llegó a motivar pedidos de vacancia por incapacidad moral en el Congreso de la República, el dictamen pericial forense cerró el debate legal a favor de la exmandataria.
