La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizadas el pasado 12 de abril.
Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las irregularidades habrían ocasionado retrasos en la distribución del material electoral y afectado el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana. El informe revela que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para el transporte de material electoral e informático y favorecieron a la empresa Galaga.
Además, la Contraloría también advirtió que el 11 de abril, un día antes de las elecciones, funcionarios reprogramaron 43 rutas para distribuir material electoral a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragio que involucraban a más de 2 millones 453 mil electores.
Según el informe, se estableció un tiempo de entrega de entre tres horas y media y cuatro horas, pese a que realmente se necesitaban al menos ocho horas para completar el traslado. Como consecuencia, el material y los equipos informáticos llegaron fuera de tiempo a 3605 mesas de sufragio. Además, 187 mesas nunca fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana. Esto perjudicó a más de 55 mil 261 votantes.
