A casi 30 años de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por la muerte de la ciudadana de 34 años, Celia Edith Ramos Durand, quien perdió la vida tras ser sometida a una ligadura de trompas en 1997, durante el programa estatal de planificación familiar ejecutado en el régimen del expresidente y dictador, Alberto Fujimori.

La sentencia fue notificada durante la tarde del jueves 5 de marzo desde San José, Costa Rica, donde se concluyó que el Estado vulneró varios derechos fundamentales de la víctima, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, la vida privada, la salud y la igualdad ante la ley.

La sentencia

Según la sentencia, Celia Ramos fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas el 3 de julio de 1997, esto como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), dirigido a promover la esterilización forzada en mujeres en situación de vulnerabilidad.

En aquella ocasión, la víctima había acudido buscando atención odontológica a un puesto de salud ubicado en el caserío de La Legua, región de Piura, en donde terminó sometiéndose a la operación. Aquel establecimiento médico no contaba con el equipamiento ni las condiciones adecuadas para enfrentar emergencias durante la intervención quirúrgica, por lo que tras la operación, Celia comenzó a sufrir graves complicaciones de salud, encontrando su final días después.

El programa

Ante lo sucedido, familiares de la víctima – quienes ni siquiera fueron notificados sobre su estado de salud – interpusieron una denuncia que terminó siendo archivada por la Fiscalía por considerarla como un hecho fortuito. Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó que la muerte de Celia se debió a la intervención forzada, por lo que en 2002 abrió un proceso contra los responsables que aún no se ha resuelto.

Es por ello que la Corte señaló que las autoridades peruanas demoraron injustificadamente en investigar los hechos, lo que prolongó por décadas la búsqueda de justicia por parte de su familia.

Cabe recordar que entre 1996 y 2000, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, se aplicó el PNSRPF, resultando en más de 300 mil esterilizaciones en el país. Pese a los engañosos resultados, diversos informes señalan que muchas de estas intervenciones se realizaron bajo presión, sin consentimiento informado y afectaron principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en zonas rurales e indígenas.