El juez de California Thomas Hixson ordenó hoy que el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$35 millones en coimas por el caso Lava Jato, se entregue este viernes a las 9:00 a.m. a las autoridades para proceder con su extradición al Perú, informó Perú21.
El magistrado rechazó la moción de reconsideración por el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones que veía su hábeas corpus. De otro lado, Roberto Su, abogado del exmandatario, afirmó que Toledo padece de varias enfermedades, como cáncer. Sin embargo, eso no complicaría su proceso de extradición.
Esta mañana, el expresidente Alejandro Toledo recurrió a la Corte de Columbia para evitar su extradición luego de que una sala de California rechazara ayer evaluar otra vez el fallo que aprobó su repatriación al Perú en setiembre del 2021.
Tras esa decisión, la fiscalía estadounidense considera que ya no hay ningún «impedimento legal» para que se ejecute la extradición de Toledo, que está suspendida hasta la medianoche de mañana jueves.
«Una vez que Toledo se encuentre bajo custodia, Estados Unidos se encargará de ejecutar su entrega a las autoridades peruanas de manera expedita, asumiendo que no existan impedimentos legales para ello», señala el documento firmado por el fiscal de Estados Unidos Ismail Ramsey.
Argumentos
Sus abogados particulares David Bowker y Kelsey Quigley presentaron el escrito en el que solicitan a la jueza Beryl A. Howell reconsiderar el fallo que emitió en marzo pasado con el que se opuso a suspender la entrega de Toledo a las autoridades peruanas.
En su argumentación indican que el sistema de justicia del Perú es peor que el de países como China, Nigeria, Sudán e Irán.
Detenido
Toledo, de 77 años, fue detenido en 2019 en California y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero pasado por el Departamento de Estado.
