Un reporte de la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer una nueva serie de conflictos sociales y medioambientales que son provocados por la expansión de la minería ilegal, actividad que ha cobrado mucha fuerza en distintas zonas del Perú, incluyendo a la región La Libertad, donde los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y organizaciones criminales son frecuentes.
Según el informe de la Defensoría, la provincia de Pataz, en La Libertad, es escenario de múltiples casos donde los conflictos sociales, ambientales y de seguridad se relacionan con la minería ilegal. Asimismo, en regiones como Arequipa y Ayacucho, las comunidades reclaman la presencia de las autoridades para proteger las fuentes de agua de la contaminación generada por estas actividades ilícitas.
Y es que tal como menciona la institución, se trata de un nuevo tipo de conflicto que enfrenta a las comunidades, agricultores y organizaciones locales contra grupos de minería informal o ilegal. Y es que, a diferencia de en el pasado donde las disputas eran con las empresas mineras informales, la presencia de redes ilícitas dificulta la intervención del Estado para mediar el diálogo.
La Defensoría señala que ante la ausencia de un actor formal con el que dialogar, asociaciones de mineros, concesionarios o cualquier otro grupo, ocupa ese lugar. Sin embargo, muchos de estos ocupan mecanismos de protección que parten de el uso de violencia o amenazas hasta presuntos vínculos con organizaciones criminales.
