Presunto delito de difamación se dio en conferencia de prensa en el 2023
El gerente regional de Educación de La Libertad, Julio Martín Camacho Paz, interpuso una querella penal contra cuatro consejeros regionales, a quienes acusa del presunto delito de difamación agravada. La denuncia, presentada ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, solicita además una reparación civil de S/500 mil por los daños ocasionados a su honor y reputación.
El origen del caso
Los hechos denunciados por Camacho se remontan al 10 de agosto de 2023, fecha en la que se desarrolló una conferencia de prensa en el local del partido político Trabajo más Trabajo. Según el gerente, este evento fue convocado con el único propósito de cuestionar su imagen profesional, al difundir información falsa o no comprobada sobre la legalidad de sus títulos académicos.
En dicha actividad participaron los consejeros regionales de la gestión 2023-2026:
. Frank Junio Solórzano Rojas
. Nancy Rosario Puitiza Gariza
. Víctor Robert De La Cruz Rosas
. Edy Luz Bertha Camacho Barreto
El argumento del denunciante
En su querella, Camacho sostiene que los consejeros hicieron alusión a un presunto “título falso”, vinculándolo a casos ocurridos en 2020, cuando el Ministerio Público intervino la Gerencia Regional de Educación por la emisión irregular de documentos académicos.
El gerente regional asegura que, durante la conferencia, el consejero Frank Solórzano tomó la palabra para presentar información proveniente de un expediente no verificado, iniciando así —según su versión— un proceso de desprestigio en su contra. Camacho afirma que el encuentro fue convocado de manera premeditada para “manchar su imagen pública” y que en todo momento se difundieron datos falsos o carentes de sustento.
Las pretensiones legales
Camacho solicita que se imponga a los denunciados la pena correspondiente por difamación agravada, contemplada en el Código Penal peruano, así como el pago de una reparación civil de medio millón de soles.
Posibles sanciones
La difamación agravada cometida a través de medios de comunicación, libros o prensa conlleva una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, además del pago de entre 120 y 365 días-multa.
