Fiscalía investiga a Acuña por nombrar a Norma Castillo como subgerenta de Logística sin cumplir requisitos. También están implicados Erick Ágreda y la propia funcionaria, acusada de falsedad ideológica.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, nuevamente es blanco de cuestionamientos judiciales. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ha abierto una investigación preliminar en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública, específicamente por nombramiento ilegal en la función pública, a raíz de una polémica designación ocurrida en 2024.
Según reveló el portal Causa Justa, la pesquisa del Ministerio Público se centra en la designación de Norma Ximena Castillo Schimiel como subgerenta de Logística y Servicios Generales del Gobierno Regional de La Libertad. La funcionaria habría sido nombrada sin cumplir los requisitos mínimos que exige la ley para ocupar dicho cargo técnico.
De acuerdo con la denuncia presentada por el ciudadano Manuel Ruiz Briones, Castillo no solo carecería de la experiencia laboral especializada que demanda el perfil del puesto, sino que tampoco habría presentado documentos válidos como boletas, planillas o certificaciones que acrediten formalmente su trayectoria profesional. Incluso se señalan posibles irregularidades en su hoja de vida, como superposición de labores y la doble percepción de ingresos del Estado en el mismo periodo, lo que podría configurar otro tipo de infracciones administrativas o penales.
Informe cuestionado y rápida designación
Pese a las observaciones, el 22 de agosto de 2024, el subgerente de Recursos Humanos del GORE La Libertad, Erick Ágreda Yauri, emitió el informe técnico N.º 000038-2024, en el que concluyó que Castillo sí cumplía con los requisitos exigidos para asumir el cargo. Tan solo cuatro días después, el 26 de agosto, el gobernador César Acuña firmó la Resolución Ejecutiva Regional N.º 000463-2024, oficializando el polémico nombramiento.
Dado que el informe técnico avalador habría sido elaborado sin sustento suficiente o con supuesta parcialidad, Ágreda Yauri también ha sido incluido en la investigación fiscal. El Ministerio Público sospecha que el funcionario habría actuado sin rigurosidad o bajo presión política, en desmedro de los principios de meritocracia y legalidad que rigen el acceso a la función pública.
Otras implicancias y medidas fiscales
La propia funcionaria designada, Norma Castillo, también ha sido comprendida en la indagación. Se le investiga por la presunta aceptación indebida del cargo público y el posible delito de falsedad ideológica, debido a las inconsistencias en su historial laboral.
Como parte del proceso, la Fiscalía ha solicitado un informe técnico a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para determinar si el proceso de nombramiento se ajustó a la normativa vigente o si, por el contrario, se trató de una designación de carácter político sin respaldo técnico ni legal.
Asimismo, el Ministerio Público ha establecido un plazo de 60 días para desarrollar la investigación preliminar, en la cual se evaluarán documentos, declaraciones, informes técnicos y otros elementos probatorios para determinar responsabilidades.
Defensas y reacciones
Consultado por el diario Correo, el subgerente de Recursos Humanos, Erick Ágreda, negó cualquier irregularidad y defendió el proceso de contratación: «Más que una denuncia técnica, es una denuncia política”, expresó, sugiriendo que detrás de la acusación habría motivaciones de carácter partidario o personal.
Por su parte, la defensa legal de la funcionaria aludida aún no ha emitido una declaración oficial, mientras que el propio gobernador César Acuña se mantiene en silencio respecto a este nuevo caso que lo involucra directamente en presuntas irregularidades administrativas.
Antecedentes
Este no es el primer caso en que César Acuña enfrenta investigaciones relacionadas a cuestionamientos en la administración pública. A lo largo de su carrera política, ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación, conflicto de intereses, y uso indebido de recursos estatales, aunque varias de ellas no prosperaron judicialmente.
El desarrollo de esta nueva investigación será clave para establecer si se trató de un caso aislado o si responde a un patrón probablemente recurrente en la gestión de personal del Gobierno Regional de La Libertad.
