Familiares de los cuatro sujetos que fallecieron al interior de un socavón en Cerro El Toro, perteneciente a la empresa Minerals Doña Julia, vienen recibiendo amenazas en la puerta de sus casas por denunciar el hecho ante las autoridades.
Según sindicaron, los que recibieron dinero por cada cadáver, a fin de evitar las diligencias de acuerdo a ley, han desaparecido de la zona. Estas humildes familias acceden a cobrar el dinero, cada vez que sus familiares recibían 55 soles diarios por arriesgar su vida, sin equipos de seguridad y sin protocolos contra el covid -19.
“Tus familiares pidieron trabajo aquí. Nadie los llamó. Y en este trabajo algunas veces la gente muere. Acepten los diez mil soles y no denuncien a nadie”, fueron las advertencias que recibieron los familiares de los cuatro mineros que perdieron la vida al interior de un socavón ilegal en el cerro El Toro, Huamachuco.
Diez mil soles y en otros casos veinte mil vale una vida en esta parte de la provincia de Sánchez Carrión. Una tarifa que manejan las mafias mineras para comprar el silencio y seguir operando sin freno ante el desinterés y la indiferencia del Ministerio Público.
Según señalaron los deudos, resulta extraño el proceder del fiscal Ronald Urrutia Castillo. Pues, ha desplegado un esfuerzo mínimo para esclarecer e investigar el caso. Lo poco que ha hecho fue por la presión de los familiares y medios de prensa.
No es la primera vez que los fiscales de Huamachuco dilatan un proceso o no investigan. En noviembre del año pasado dos menores murieron por manipular cartuchos de dinamita que trafican los mineros ilegales. Jorge Fernández Urteaga, quien figura como fiscal provincial dejó pasar el tiempo y hasta ahora no hay ningún responsable.
