La Contraloría detectó irregularidades en el diseño y ejecución de las obras de la quebrada San Idelfonso, en El Porvenir, que involucrarían a funcionarios de la ANIN. Estos habrían firmado un acuerdo con el contratista que amplió los montos y plazos del megaproyecto.
Un nuevo caso de irregularidades en obras vuelve a involucrar a La Libertad. 2 funcionarios y 3 servidores de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fueron identificados por la Contraloría como presuntos responsables por irregularidades en el diseño y ejecución de las obras en la quebrada San Idelfonso, El Porvenir, Trujillo; irregularidades que costarían perjuicios valorizados S/16.3 millones. El megaproyecto, que viene desarrollándose gobierno tras gobierno y que tiene como objetivo resguardar a la ciudad de Trujillo frente a cambios climáticos, se encuentra comprometido debido a las acciones de los presuntos involucrados.
Las irregularidades
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 12177-2025, se encontró una suscripción de acuerdo con un contratista sin sustento técnico o respaldo contractual. Esta información fue comprendida en el informe que evaluó el desarrollo de la obra en el periodo comprendido entre el 8 de abril de 2021 hasta el 6 de abril del presente año. Estos descubrimientos fueron compartidos con la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, donde se encontró también una contradicción con el análisis formulado por el mismo personal técnico del ANIN.
La ampliación del contratista
El acuerdo suscrito en aquella ocasión, le reconoció al contratista 162 días adicionales al plazo de aceptación del diseño final del megaproyecto, lo cual suponía una penalidad de S/1.9 millones por incumplimiento con la fecha de entrega y una ampliación de 145 días al contratista para poder finalizar las obras junto con reconocimiento de costos e intereses por ese periodo. Esta penalidad no se aplicó. Al mismo tiempo, el contratista logró que se le reconocieron otros 203 días de calendario para concluir la obra, junto con un pago adicional de S/25.8 millones, esto en plena construcción de una de las estructuras para la conducción de la quebrada. Aquel monto extra, según el informe de auditoría, simbolizarían un perjuicio económico para el Estado.
A pesar de ello, el contratista elevó el costo de la megaobra en S/3.9 millones, esto según, para la ejecución de alternativas de solución frente a posibles riesgos de deslizamientos y retrasos en la construcción de una de las estructuras de conducción de la quebrada. Esto pudo haberse evitado, según la auditoría, si se hubieran realizado los estudios preliminares adecuados sobre el eje correcto del proyecto, puesto que este nuevo monto surgió luego de que se encontrara presencia de material eólico en la zona.
El último perjuicio económico que el informe de la auditoría reconoce es el de S/3.4 millones que se le entregó al contratista por precios derivados al encontrar que el subsuelo presentaba condiciones geotécnicas diferentes a las previstas en el diseño de construcción original del túnel. Se recalcó que esta situación se hubiera evitado con los estudios geotécnicos correcta y técnicamente ubicados y adecuados.
