Defensoría del Pueblo precisa que el factor minero abarca 4 conflictos sociales de manera directa.

Convulsión social latente. La Defensoría del Pueblo reportó que 5 conflictos sociales en La Libertad podrían estallar en cualquier momento si la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no atiende las demandas de la población. El principal factor es la presencia de las mineras, tanto formales e informales, que contamina el ambiente y perjudica hasta miles de viviendas por las voladuras y socavones.

El jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Luis Agüero Lovatón, detalló que 2 conflictos se encuentran activos, es decir, ya se ha instalado una mesa de diálogo. Sin embargo, la población no está conforme con las negociaciones que persisten para evitar que se bloquee las carreteras y ocurra un enfrentamiento contra la Policía.

«En el caserío de Shiracmaca, en Sánchez Carrión, los pobladores se quejan por la presencia de la minería ilegal y de Summa Gold porque se van dañando sus terrenos, se contamina el medio ambiente y afectan su desarrollo de vida», dijo para Noticias Trujillo. Agregó que este conflicto debe ser atendido debido a las movilizaciones que se registran.

Otro conflicto social activo se registra en Santiago de Chuco. En el distrito de Santa Cruz de Chuca, los pobladores rechazan las operaciones de Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú. «Ahorita hay una situación tensa en la zona», advirtió Agüero.

Conflictos latentes

El representante del defensor del pueblo en La Libertad precisó que hay 2 conflictos sociales latentes. Uno de ellos se encuentra en zona La Arena, en Huamachuco, lugar donde opera una minera que lleva dicho nombre. «Los pobladores se quejan de la actividad minera por las partículas de explosivos y arenas que se encuentran en el ambiente producto de los estallidos», precisó.

Otro conflicto latente ocurre en Urpillao, en Otuzco, donde la población se opone a la exploración de una minera. «No los están dejando entrar», señaló. Ambas son situaciones que deben ser vistas por las autoridades de manera directa y sin contratiempos para evitar que estalle y se lamente muertes por el bloqueo de carreteras o enfrentamientos contra la Policía. «La población no quiere que haya minería», puntualizó.

En ambos casos, la población no permiten que ninguna minera intervenga en las zonas debido a que el medio ambiente es afectado producto de los estallidos y del respiro de partículas contaminantes. Hasta la fecha, no hay ningún interés del Ejecutivo para evitar que se registre actos de violencia.

En observación: en cualquier momento puede estallar

Hace unas horas, los ronderos bloquearon varios puntos de la carretera para exigir el cumplimiento de las promesas vertidas por el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones. Definitivamente, la contaminación del río Moche es uno de los problemas que aquejan a cientos de campesinos y pobladores. Agüero precisó que las rondas campesinas buscan la intervención del Ejecutivo.

Según información del Gobierno Regional, hoy a las 11 de la mañana se llevará a cabo una mesa de diálogo con los ronderos para evitar que estalle el conflicto social. Las negociaciones no siempre son bien vistas por los manifestantes. «También están reclamando a la política de seguridad ciudadana que el Gobierno Regional le ofreció y que son implementos de equipos», dijo.

Agüero cuestionó que la Prefectura inicie la mesa de diálogo y no el encargado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). «Incluso hay un representante acá (en Trujillo)», señaló.

Desidia gubernamental

José Agüero Lovatón lamentó la desidia de la PCM para intervenir oportunamente los conflictos sociales y así evitar que se registre la toma de carreteras. Incluso, se está tomando roles por parte de entidades públicas cuando no les corresponde.

«Solamente cuando hay conflictos o cuando surge una toma de carretera recién intervienen, pero, ahorita, por ejemplo no se da. En Shiracmaca hay un conflicto muy fuerte y no se está interviniendo como se debería y cuando esto se agrava, vienen los inconvenientes», dijo.

Ante la gravedad de las voladuras, la Defensoría recomendó a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (MPSC) el reasentamiento de los caseríos El Toro, Coigobamba y Shiracmaca debido a que más de 3 mil viviendas tienen rajaduras. «Están indicando que por la exploración minera y por la explosión de dinamitas, sus casas se están rajando, el piso se está moviendo. Por eso, pedimos al Gobierno Regional que haga un estudio de Defensa Civil y en función a eso se ha determinado que esa zona es un peligro. Puede ser que haya un deslizamiento de tierra. La población tiene que salir de ese lugar», precisó.