Ocho años después del siniestro ocurrido en el centro comercial Nicolini, en Las Malvinas, el Poder Judicial y la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro ha validado la condena que aprueba la prisión efectiva a los dos empresarios para quienes las víctimas del incendio y tres personas más que lograron sobrevivir ejercían sus habituales jornadas de trabajo, expuestos a una constante violación a sus derechos básicos.
Jonny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría fueron hallados responsables de someter a trabajadores a condiciones de explotación extrema. Coico Sirlopú cumplirá 35 años de prisión y Zeña Santamaría, 32. Además, los condenados quedaron inhabilitados para contratar con el Estado durante el periodo de sus penas y deberán pagar reparaciones civiles: S/ 20 000 a los sobrevivientes y más de S/ 470 000 a los herederos de las víctimas fallecidas.
No obstante, la justicia completa aún no se ha logrado debido a que Vilma Zeña Santamaría continúa prófuga. A diferencia de Jonny Coico Sirlopú, que cumple su condena en el penal Miguel Castro Castro, Zeña ha conseguido mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante años, a pesar de figurar en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
El Estado ofrece actualmente S/ 50.000 por datos que permitan su captura. La madre de Jovi Herrera ha denunciado que, pese a los avances judiciales, las familias aún no han recibido los pagos de reparación civil. La detención de Zeña es considerada el último paso necesario para cerrar un proceso que busca evitar que la informalidad comercial siga dando lugar a nuevas formas de esclavitud laboral.
Los fallecidos en el siniestro de junio de 2017 fueron Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, quienes estaban encerrados en un contenedor metálico del quinto piso de la galería Nicolini, ubicada en el Cercado de Lima. Tres personas más lograron sobrevivir al incendio.
El Ministerio Público destacó que esta resolución representa un precedente histórico en la lucha contra la esclavitud laboral en Perú, reforzando los mecanismos de sanción frente a delitos que atentan gravemente contra la dignidad humana.
