Este es el historial de la empresa Gálaga S.A.C la empresa cargada de distribución del material electoral

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra bajo la lupa tras los graves retrasos en la distribución del material electoral durante los recientes comicios. El foco de la controversia es la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., encargada del despliegue logístico en Lima Metropolitana, la cual arrastra un historial de sanciones y cuestionamientos que no impidieron su contratación para este proceso crítico.

A pesar de haber obtenido contratos millonarios con diversas entidades del Estado, incluyendo órdenes de servicio recientes con la Municipalidad de Lima y la Diris Lima Sur, la empresa ya contaba con penalidades acumuladas que superan los 64,000 soles por incumplimientos previos. Investigaciones periodísticas revelaron que Galaga S.A.C. buscaba desesperadamente subcontratar cerca de 400 camiones a través de redes sociales apenas una semana antes de las elecciones, lo que evidenciaría una falta de flota propia y capacidad operativa para cubrir la magnitud del evento.

El retraso en la entrega de actas y ánforas, concentrado principalmente en Lima Sur, impidió la instalación de más de 200 mesas de sufragio, afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos. Ante esta situación, la ONPE anunció el inicio de acciones legales contra la proveedora por incumplimiento contractual. Por su parte, la empresa emitió un comunicado rechazando la responsabilidad exclusiva y atribuyendo las demoras a fallas en la coordinación y condiciones logísticas definidas por la propia entidad electoral.

El caso ha escalado al ámbito judicial. El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía contra altos funcionarios de la ONPE, incluido su titular Piero Corvetto, y el representante legal de Galaga S.A.C. por presuntas irregularidades. Mientras tanto, diversos sectores políticos y expertos exigen una auditoría profunda sobre cómo una empresa con antecedentes de sanciones y evidente precariedad logística logró adjudicarse un contrato de tal relevancia para la democracia peruana.

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