Escribe: Wilson Aranda Roncal
Al momento de escribir estas líneas la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegaba al 97,502% del conteo de votos de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, en el cual la ventaja para Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) es de 27 mil 565 sufragios frente a Rafael López-Aliaga Cazorla (Renovación Popular).
Lo inaudito es que han pasado ya 20 días de la primera vuelta de este desastrado proceso, a todas luces con graves indicios de fraude, sin que se tengan los resultados oficiales de quién será rival de Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) para definir al nuevo mandatario o mandataria de Perú, si bien se da por descontado que en la liza entrará el comunista Sánchez, ya que el JNE ha manifestado que no habrá elecciones complementarias en Lima, las que buscaban hacer respetar el derecho al voto de más de 55 mil electores que no sufragaron por las fallas meditadas y bien pensadas de la ONPE: no llegó el material y se tuvieron que cerrar varias mesas.
Huelga decir que Piero Corvetto Salinas, exjefe de la ONPE, ha realizado el más astroso y nefasto proceso electoral en nuestro país, tanto así que ante el vendaval de críticas no tuvo más remedio que renunciar. Sin embargo, lo peor han sido las consecuencias de su ineficiencia y dolo, que han generado que la población no crea ya en el sistema integrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ONPE y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
No obstante, para mayor baldón, activistas desde el periodismo, como Rosa María Palacios, nos sale con la cantilena de que Corvetto es un héroe que se ha martirizado por la democracia. Ni el propio Corvetto se lo cree y más bien ha debido ruborizarse por esta defensa de la abogada, que interpreta las leyes a su antojo y no desde el Derecho como ciencia.
¿Consummatum est?
El 24 de abril, a través de un comunicado, el JNE que preside Roberto Burneo Rojas, otro de los actores patéticos de este drama, tragedia y comedia que ha sido este proceso, informó urbi et orbi que “por unanimidad” se había decidido no llevar a cabo elecciones complementarias en Lima Metropolitana. Una bofetada a los sufragantes que por culpa de ONPE no ejercieron su derecho el día 12 de abril. Más tarde, el JNE aclaró que se debía respetar el cronograma y que no había marco legal para nuevas elecciones. Justamente, en lugares donde más era favorecido López-Aliaga.
¿Fue el consummatum est para los partidos políticos y sectores ciudadanos que exigían esas elecciones complementarias? A mi parecer no. Creo que, de acuerdo a nuestra Ley de Leyes, puede convocarse a comicios parciales. Recordemos que para “subsanar” los graves errores e irregularidades del 12 de abril, el JNE y la ONPE extendieron por una hora el horario de los comicios. Por si fuera poco, se extendió al día siguiente el acto electoral y se permitió votar en algunas mesas que no fueron instaladas.
Evidentemente, en ambos hechos, no se respetó la Ley Orgánica de Elecciones 2026, la cual no contemplaba estas medidas. Pero fueron decisiones extraordinarias para paliar de alguna manera los desaguisados de ONPE. Más aún, el artículo 31 de nuestra Carta Magna es taxativo en lo que respecta al sufragio: “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”.
La pregunta es: ¿por qué para el JNE sí estuvo bien salirse de la ley para extender una hora y un día más la votación, y, sin embargo, está mal desarrollar elecciones complementarias que buscan que el ciudadano goce de su derecho a elegir y ser elegido? ¿El JNE aprecia más una ley de menor jerarquía, un cronograma, que la propia Constitución? Esto echa un manto de dudas y sospechas en medio de declaraciones de una auditoría al sistema informático usado por ONPE, ya que el país se ha polarizado entre los conceptos de “transparencia” y “fraude”.
