Escribe: Geiner Ramoz Yoplac, especialista en Derecho Laboral y Seguridad y salud en el trabajo de HRG Abogados.
El reciente incremento del combustible, originado por el daño en una de las tuberías del Gas de Camisea, ha generado un alza abrupta en todos sus derivados. Este hecho, que afecta tanto a transportistas como a usuarios, no es aislado, pues a lo largo de la historia del país, el precio del combustible ha sido una de las problemáticas recurrentes que tensiona la economía nacional.
Pero, ¿cómo repercute este fenómeno en la relación laboral empresarial?
La respuesta es clara: el alza del combustible incrementa los gastos operativos de las empresas, especialmente aquellas que dependen directamente de este insumo, como son, el transporte terrestre, marítimo, aéreo, agroexportación, construcción, minería. A ello se suman los costos de planilla, que pueden superar el presupuesto mensual o anual previsto, obligando a los empleadores a tomar decisiones difíciles para proteger la estabilidad empresarial, de la cual depende también la estabilidad laboral.
El riesgo surge cuando esas medidas se traducen en acciones que no tienen sustento legal como: reducciones de remuneración, limitación de beneficios o recortes de personal. Tales acciones, aunque a veces justificadas, pueden ser consideradas irrazonables y derivar en denuncias ante la autoridad administrativa de trabajo o incluso judiciales, generando sanciones y mayores costos para la empresa.
Ante este escenario, la recomendación corporativa estratégica legal, es clara: las empresas deben adoptar medidas preventivas dentro del marco legalidad, priorizando siempre aquellas que resulten menos perjudiciales para la relación laboral, como pueden ser:
· Optimizar la estructura de personal, evaluando quiénes o que cargos son estrictamente necesarios para garantizar la continuidad operativa.
· Reducir jornadas laborales dentro de los límites legales, como mecanismo de ajuste temporal y previo acuerdo.
· Asignar horas extras o trabajo en feriados únicamente al personal indispensable, evitando sobrecargar la planilla.
· Otorgar vacaciones adquiridas o anticipadas – esto segundo, siempre con acuerdo previo del trabajador-, como medida de alivio financiero y organizacional.
· Implementar trabajo remoto, cuando la naturaleza de las labores lo permita, en concordancia con la Ley de Teletrabajo.
Solo en caso de que estas alternativas no resulten suficientes, y siempre mediante acuerdo expreso con el trabajador, puede evaluarse otorgarse una licencia sin goce de haber, medida que debe aplicarse únicamente cuando la continuidad empresarial se encuentra en riesgo real y las demás opciones han sido agotadas.
Las acciones descritas, lejos de ser un perjuicio, deben entenderse como mecanismos de protección empresarial que buscan sostener la relación laboral en tiempos de crisis. La prioridad es garantizar que los gastos operativos y administrativos se mantengan bajo control, preservando tanto la viabilidad de la empresa como la seguridad y estabilidad del empleo.
En conclusión, el alza del combustible exige respuestas estratégicas y jurídicas. Las empresas que actúan dentro del marco legal no solo mitigan riesgos, sino que fortalecen su sostenibilidad y protegen la relación laboral en beneficio de todos.
