El nombramiento de Jorge Henry Cotos Ochoa llega luego a un mes de la renuncia de Iván Paredes Yataco, quien en un principio abandonó el cargo debido a la polémica desatada por hechos irregulares y comprometedores durante su gestión al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ahora, con Cotos Ochoa al mando, la historia apunta a repetirse nuevamente.
Una investigación periodística permitió destapar aún más la trayectoria del nuevo líder penitenciario, encontrando antecedentes administrativos y denuncias vinculadas a su trayectoria dentro del sistema de penales.
Los hechos
El 8 de marzo, Cotos Ochoa fue oficializado como nuevo jefe del INPE mediante una resolución, y dos días después se hizo presente en el penal El Milagro, realizando una requisa acompañado de la viceministra de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Anterior a ello, entre 2014 y 2016, Cotos Ochoa fue jefe del INPE-Norte, teniendo a la región La Libertad entre sus jurisdicciones, renunciando finalmente al cargo por temas personales.
No obstante, a lo largo de sus 35 años de trayectoria, esta también arrastra episodios polémicos, puesto que en 2008 fue separado provisionalmente de su cargo como director de la Oficina Regional Lima del INPE, esto tras autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos como robo agravado y secuestro, hecho que se habría concretado utilizando oficios judiciales falsificados.
La sanción
Esta acción no quedó impune, pues en 2014 recibió una sanción de 20 días sin goce de remuneración, esto tras comprobarse su responsabilidad en los hechos. Pese a ello, su castigo fue reducido únicamente a una amonestación escrita luego de que el funcionario apelara.
En 2014, el Tribunal del Servicio Civil confirmó su responsabilidad administrativa por estos hechos. La sanción inicial fue de 20 días de suspensión sin goce de haber, aunque posteriormente fue reducida a una amonestación escrita tras una apelación presentada por el funcionario.
El pago del proceso
Además, registros institucionales indican que en 2019 y nuevamente en enero de 2026 el INPE autorizó financiar la defensa legal de Cotos Ochoa en procesos abiertos por presunto abuso de autoridad. A ello se suma una denuncia presentada en 2016 por su cónyuge por presunta violencia psicológica ante una comisaría del Callao.
