El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por la defensa legal del presidente de la república, Pedro Castillo,  contra los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por supuesta afectación al debido procedimiento parlamentario.

La demanda interpuesta por el presidente solicitaba la nulidad del informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso referido a una presunta traición a la patria por el caso de las declaraciones a la cadena CNN sobre la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia. Mismo caso por el cual el Tribunal Constitucional cuestionó la denuncia: «¿La opinión es un delito?», le dijeron al procurador del congreso.

La jueza Milagros Grajeda señaló que el demandante, Pedro Castillo Terrones, fue elegido constitucionalmente; sin embargo, ello no implica que esté exento del control político. Además, indicó que no le compete evaluar la legitimidad de los argumentos y pruebas con las cuales la Subcomisión lo investiga.

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