El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, exhortó al próximo Gobierno a impulsar acciones de inconstitucionalidad contra diversas leyes aprobadas por el Congreso, entre ellas las relacionadas con las gratificaciones para trabajadores del régimen CAS, los beneficios pensionarios y la creación de nuevas universidades públicas. Ello, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la iniciativa de gasto del Estado.
Entre las normas a derogar están las leyes que otorgan gratificaciones a los trabajadores CAS, las que amplían beneficios pensionarios mediante la denominada «cédula viva» para determinados sectores y aquellas que crean nuevas universidades públicas porque representan un elevado costo para las arcas públicas y advirtió que mantener ese tipo de iniciativas podría afectar la sostenibilidad fiscal del país.
Segura explicó que el criterio establecido por el Tribunal Constitucional tiene carácter vinculante y puede aplicarse a normas aprobadas con anterioridad. Añadió que el Poder Ejecutivo dispone de un plazo de hasta seis años para presentar acciones de inconstitucionalidad contra aquellas leyes que considere contrarias a la Constitución, por lo que instó a realizar una revisión integral de la legislación vigente.
