Según La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo el informe recoge la denuncia de la excongresista Yeni Vilcatoma, quien sostuvo que el exmandatario no renunció a sus acciones de la empresa CyM Vizcarra S.A.C cuando cumplía sus funciones de ministro. Además el documento señala que el expresidente habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de una serie de obras públicas mientras desempeñaba el referido cargo.

Sin embargo , Fernando Meléndez Celis , congresista delegado de la denuncia constitucional indicó que “Se ha demostrado que el señor Martín Vizcarra ha cometido infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas”.

Por esta razón, el documento propone que al acusado se le sancione con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 5 años y fue aprobado con 14 votos a favor y 0 en contra. Sin embargo en la sustentación del informe de esta denuncia constitucional, el congresista Fernando Meléndez Celis, dijo que  se ha demostrado que Vizcarra Cornejo ha cometido infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

Agregó el Legislador : “No hay elementos suficientes para demostrar que Vizcarra Cornejo realizó acto alguno en favor de la empresa Obrainsa”, también mencionó que la imputación por una infracción a la Constitución no es un concepto abstracto al cual se le pueda atribuir un contenido de mejor parecer, pues conforme al principio de taxatividad (subprincipio del principio de legalidad), el acto que configuraría una infracción constitucional debe estar previa y textualmente contemplado en la Constitución como infracción.

Cabe destacar que el mandatario ya fue inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por el caso de la vacunación irregular; por ello, no pudo recibir su credencial como congresista electo de Somos Perú.