El diputado de Renovación Popular Christian Aranda se encuentra en el centro de la polémica tras haber solicitado información clínica de una mujer que se iba a someter a un aborto terapéutico en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, región de Apurímac. Organizaciones feministas han condenado este accionar calificándolo de ilegal.
Según el propio congresista de la Cámara Baja, esto corresponde a una medida de «fiscalización» tras haber recibido una «denuncia» en su despacho, por lo que pidió información sobre la gestante «de aproximadamente 20 semanas«. En el pedido colgado en sus redes sociales, Aranda señala lo típico: «La protección de la vida humana está por encima de la ley», razón por la que quiere conocer los fundamentos médicos y legales que sustenta la interrupción de la paciente.
En su publicación, el diputado aseguró igual que de haber alguna irregularidad en la información solicitada, esta deberá ponerse a conocimiento de la Fiscalía, la cual tomará las acciones correspondientes. Todo esto acompañado de la solicitud donde figuraba el nombre de la gestante.
Ante ello, fue cuestionado en un primer momento por el periodista Cristian Rebosio, quien señaló que exponer los datos de la mujer podría exponerla a un posible acoso por parte de ciertos sectores religiosos. Ante ello, Aranda señaló que no busca acceder a información ilegal, solo verificar el desarrollo de los procedimientos.
Cabe señalar que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924, por lo que no es penado por la ley en cuanto se ejecute en caso peligre la vida de la gestante.
