La diputada izquierdista Pilar Sulca Castillo, de Juntos por el Perú (JP), presentó un proyecto de ley para reducir a la mitad las condenas por disturbios y entorpecimiento a servicios públicos que causen manifestantes violentos, con lo cual las penas no serían de cárcel efectiva.
Su iniciativa la titula “Ley que desarrolla el derecho a la protesta y protección a la reunión pacífica”, derecho que no está reconocido en la Constitución ni las normas peruanas. En el texto se incluye una eventual modificatoria de los artículos 283 y 315 del Código Penal. Los delitos antes mencionados solo tendrían un máximo de cuatro años de condena, con lo cual no habría prisión efectiva para alguien declarado culpable.
Actualmente, un bloqueo de carreteras o similar acto, implica hasta seis años de cárcel. Un disturbio como los de las frustradas “tomas de Lima”, donde se usaron bombas molotov contra policías, tiene hasta ocho años de prisión. Sulca se basa en que, recientemente, el Tribunal Constitucional derogó los artículos 283-A y 315-B del Código Penal, creados por el gobierno de Dina Boluarte y que condenaba a personas que financiaban marchas que degeneraban en violencia.
