La alta tasa de criminalidad que sufre Perú ha desbordado la capacidad de internamiento de los 9 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Según datos oficiales, 150 menores ingresan a diario a estos espacios, pese a que cuatro de estos centros están hacinados y dos sobrepoblados. Ante ello se ha planteado la liberación de 300 adolescentes infractores.
Justamente, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) —adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)— ha elevado a las cortes superiores de justicia los expedientes de 300 menores retenidos en los reformatorios para que los jueces evalúen los casos y dispongan que cumplan su sanción en libertad. Además, propone que los infractores, al alcanzar los 18 años sean traslados a cárceles.
“Vamos a pedirle a los jueces que evalúen cada caso de los jóvenes y vean si pueden cumplir sus sanciones variando la medida de un medio cerrado a un medio abierto», detalló el director ejecutivo del Pronacej, Luis Vega.
