Han pasado más de tres años desde el trágico accidente ocurrido en el antiguo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que cobró la vida de tres bomberos aeronáuticos y dejó a 11 pasajeros heridos. Tras un prolongado proceso de investigación, el Ministerio Público anunció la conclusión de las diligencias preliminares y la presentación de la acusación formal por este hecho.
La Fiscalía solicitó penas superiores a los cinco años de prisión para 10 personas, entre ellas trabajadores de CORPAC y de Lima Airport Partners (LAP), a quienes se les atribuye responsabilidad en el siniestro que conmocionó al país y dejó en evidencia graves fallas en los protocolos de seguridad aeroportuaria.
El accidente se produjo cuando los bomberos realizaban una prueba de respuesta rápida en la pista de aterrizaje del aeropuerto. Durante ese procedimiento, un avión de la aerolínea Latam colisionó con un vehículo bomberil. Según la defensa legal de las víctimas, el hecho fue consecuencia de una grave negligencia operativa.
“CORPAC autorizó el ingreso de los bomberos a la pista, pero también autorizó el despegue del avión”, sostuvo el abogado de las familias de Nicolás Santa Gadea y Ángel Torres, dos de los tres bomberos fallecidos, quien remarcó que se trató de un accidente completamente evitable.
La defensa consideró que las penas solicitadas por la Fiscalía guardan relación con la gravedad de los delitos imputados, al tratarse de una cadena de decisiones que terminó en la pérdida de vidas humanas.
Pese al tiempo transcurrido, el caso aún no ha ingresado a la etapa de juicio oral, lo que ha generado cuestionamientos por la demora en la administración de justicia. En paralelo, Lima Airport Partners adelantó una reparación civil de 700 mil dólares a las familias de las víctimas, en un intento por resarcir parcialmente el daño causado, mientras el proceso judicial continúa su curso.
