Fiscal acusa a Fuerza Popular de múltiples conductas antidemocráticas que infringen a los derechos fundamentales
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para declarar ilegal a Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori. De concretarse, sería excluido de las elecciones del siguiente año.
Solicitud de ilegalidad
La fiscal ingresó la solicitud a través de un documento presentado ante la Sala Constitucional y Social del máximo tribunal, donde acusaba al partido de participar en presuntas conductas antidemocráticas, debido a esto, solicitaba que se le anulara su inscripción para participar en las Elecciones Generales 2026. Según el documento, Fuerza Popular habría vulnerado presuntamente libertades y derechos fundamentales, actividades que van en contra de los principios democráticos. Entre algunos de los casos se encuentran la promoción de atentados contra la integridad de diversos funcionarios y opositores políticos.
Espinoza cita a la Ley de Organizaciones Políticas para respaldar sus argumentos, la cual declara la cancelación en caso hayan conductas que atenten contra el orden democrático.
Keiko Fujimori se pronuncia
La reacción de la lideresa de Fuerza Popular no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, Keiko Fujimori declaró que esto se trata de una cortina de humo para ignorar el proceso de suspensión que Delia Espinoza enfrenta ante el Jurado Nacional de Justicia (JNJ), además de tildar a la solicitud como otro intento de desprestigiar el fujimorismo, afirmando así la transparencia del partido al cual, según ella, no se le han encontrado evidencias en 10 años de investigaciones. Finalizaba el comunicado declarando que este pedido no prosperará.
A su vez, otros miembros de Fuerza Popular, se pronunciaron en contra del pedido de la fiscal, reafirmando su apoyo hacia Keiko y el partido.
Declaraciones del Ejecutivo
Ante la intervención del Ministerio Público en el tema, el Poder Ejecutivo decidió pronunciarse al respecto, alegando de que no es deber de la Fiscalía decidir qué partido puede participar en las elecciones, y que esta entidad no puede convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes. «Continúa con su afán de judicializar la política», eran algunas de las líneas en el comunicado.
