Durante el estado de emergencia 20 mineros ilegales habrían estado realizando actividades de extraccción. Esto según la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, la cual atribuyó que se puso en peligro la salud de caserios Huamachuquinos.

Además, el Procedimiento Administrativo Sancionadoor (PAS) los acusa de causar muertes y destrucción ambiental en la provincia de Sánchez Carrión. Ya que estos mineros no contaban con certificación ambiental y autorización previas.

Hasta que se termine el PAS, la Gerencia de Energía y Minas ha emitido medida cautelar previa suspensión inmediata de toda actividad minera. Esta medida aplica para la empresa Doña Julia, Guzmán Oswaldo Alva Polo (pastor evangélico y minero artesanal) y Basilio Gonzales Siccha.

El informe describe que basándose en información, fotografías y denuncias de medios periodísticos se evidencia la informalidad de los implicados. Se determinó que este grupo de personas no podrán reiniciar sus actividades mineras por no contar con autorización. Asimismo, se afirma que estas personas no se encuentran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).