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martes, abril 16, 2024

Trujillo: Vacancia de Arturo Fernández está a punto de consumarse

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Actualmente, Arturo Fernández se encuentra suspendido de la MPT por tres meses, debido a una sentencia por difamación en segunda instancia.

El escenario político de Trujillo se encuentra en un momento crucial con la posible vacancia del alcalde suspendido Arturo Fernández Bazán que está a punto de concretarse. La presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la Resolución de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo, declarando consentido el Acuerdo de Concejo N.° 024-2024-MPT, marca un paso significativo en este proceso.

Con esta acción, se agotan todos los trámites y plazos previstos en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la normatividad del JNE, dejando en manos del Pleno de este organismo la resolución final. Se espera que esta resolución sea emitida en breve, lo que determinará el futuro del suspendido alcalde.

JNE solicitó documentos a la MPT

El JNE, en un oficio dirigido a la Municipalidad Provincial de Trujillo el pasado 22 de marzo, solicitó documentación adicional sobre el procedimiento de vacancia. Esta solicitud se hizo tras la apelación de la parte solicitante ante el JNE, lo que llevó al Pleno del organismo a resolver definitivamente sobre este tema.

Sentencia por difamación

Es importante recordar que este proceso se inició a raíz de una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad, que llevó a la suspensión del alcalde.

Esta situación, sumada a nuevas denuncias recibidas por motivos similares, ha complicado la situación jurídica de Arturo Fernández.

Ante esto, el JNE retiró las credenciales a Arturo Fernández y las entregó a Mario Reyna Rodríguez, quien actualmente está a cargo de la MPT.

Sugerencia de vacancia

La resolución emitida por el JNE en enero de este año confirmó la suspensión del alcalde y dejó sin efecto provisionalmente su credencial.

El presidente del Pleno del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ha destacado la necesidad de seguir el procedimiento adecuado de acuerdo a la ley, considerando que la condena firme en segunda instancia implica la evaluación para la vacancia según lo establecido por la normativa vigente.

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