José Ruiz implementó este sistema que fue muy cuestionado y ahora tiene los resultados. Contraloría identificó, además, responsabilidades civiles y administrativas en 5 funcionarios.

Una más de la gestión de José Ruiz, el alcalde de Trujillo. La Contraloría General de la República (CGR) identificó que el sistema de ciclovías está sobrevalorada en más de S/ 500 mil debido al sobredimensionamiento de los materiales que se utilizaron. Cinco de sus funcionarios y varios servidores públicos se encuentran implicados en el caso y recaen en ellos responsabilidades civiles y administrativas.

Los involucrados que elaboraron, dieron conformidad y aprobaron el estudio técnico, no advirtieron ni se pronunciaron sobre la sobrevaloración de la actividad. Todo se encuentra detallado en el Informe de Control Específico N.° 024-2021-2-0424-SCE, documento que especifica que dicho informe consignó como meta la reparación de 61,778.48 metros cuadrados de calzada de pavimento flexible, a través de parchados superficiales en algunas zonas de la pista. En dichas zonas se esparciría una capa de mortero asfáltico (Slurry Seal) de 10 milímetros de espesor.

Sin embargo, en el Análisis de Precios Unitarios de la «Partida 04.02 Slurry Seal» se incluyeron materiales sobredimensionados, a pesar de que estudio técnico contada con un diseño de mezcla Slurry Seal que consideraba las cantidades de materiales necesarias para la ejecución de la partida. Esto generó que la actividad esté sobrevalorada en S/ 550,066.18, monto que representa un perjuicio económico para la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Según la Comisión de Control, los hechos expuestos fueron ocasionados por el gerente de Obras Públicas, quien participó en la tramitación y aprobación del estudio técnico, como también tramitó los pagos correspondientes. El subgerente de Obras otorgó la conformidad a dichos pagos y el subgerente de Proyectos participó en la tramitación y dio conformidad al estudio técnico. Asimismo, la especialista en ingeniería civil de la subgerencia de Proyectos elaboró el estudio técnico; y la inspectora (personal de la subgerencia de Obras) emitió opinión favorable para efectuar los pagos.

En el marco de sus competencias dichos funcionarios y servidores elaboraron, dieron conformidad y aprobaron un estudio técnico sobredimensionado en materiales; y no advirtieron ni se pronunciaron sobre el referido sobredimensionamiento durante la ejecución de la actividad. Esto permitió que se pague en exceso. Por ello, la Contraloría recomendó que el procurador público inicie las acciones legales (civiles) que correspondan. Los tres funcionarios y los dos servidores públicos comprometidos en los hechos tendrían responsabilidad civil y solo cuatro de ellos responsabilidad administrativa.