López Aliaga denuncia "fraude masivo" y señala directamente a Roberto Sánchez
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha vuelto a encender la polémica electoral al asegurar que le "robaron" un millón de votos durante los comicios presidenciales de 2021. Según el líder de Renovación Popular, existió una manipulación sistemática de las actas que impidió su paso a la segunda vuelta. Estas declaraciones se dan en un contexto de persistente cuestionamiento a los organismos electorales, a pesar de que las misiones de observación internacional respaldaron la integridad del proceso en su momento.
En sus recientes declaraciones, López Aliaga dirigió sus acusaciones más graves hacia el actual congresista Roberto Sánchez, a quien señaló como uno de los principales responsables de un presunto "anforazo". El burgomaestre sostiene que Sánchez, junto a otros operadores políticos, habría coordinado acciones ilícitas para alterar los resultados en diversas regiones del país. Sin presentar pruebas físicas inmediatas en la entrevista, el alcalde insistió en que el flujo de votos fue desviado deliberadamente para favorecer a la fórmula de Perú Libre.
Por su parte, los señalados han rechazado tajantemente estas afirmaciones, calificándolas de difamatorias y carentes de sustento técnico. Roberto Sánchez ha respondido en diversas ocasiones que tales acusaciones solo buscan desestabilizar la confianza en el sistema democrático y distraer la atención de la gestión municipal actual. Mientras tanto, las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE mantienen que los resultados fueron el fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas.
Este nuevo episodio de confrontación política subraya la profunda polarización que aún vive el Perú tras las elecciones de 2021. La narrativa del fraude, sostenida por un sector de la política nacional, continúa siendo un eje central en el discurso de López Aliaga, quien asegura que no descansará hasta que se "revele la verdad" sobre lo ocurrido. El caso sigue generando debate en la opinión pública, dividida entre quienes exigen una auditoría profunda y quienes consideran que estas denuncias son meras estrategias políticas.
