La masacre de Juliaca: el comienzo del gobierno de Dina Boluarte
El 9 de enero del 2023 tuvo lugar una de las jornadas más violentas y trágicas durante el desarrollo de las protestas civiles que se levantaron en rechazo del ascenso al poder de Dina Boluarte. La localidad de Juliaca, ubicada en la región de Puno, vivió una fuerte represión por parte de efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, culminando con la muerte de 18 personas en plena calle de la ciudad, con múltiples heridos de igual forma.
A 3 años de aquel suceso, la muerte de estos ciudadanos aún permanece en la memoria colectiva de los juliaqueños, quienes por su propia cuenta llevaron a cabo acciones con el fin de que este caso no quede en el olvido.
Actos conmemorativos
Las familias de las víctimas conmemoran aquella tragedia con un paseo de ataúdes que nace desde las calles de Juliaca. Los actos tienen inicio con una misa en la parroquia de Pueblo de Dios, con la presencia de varios presidentes de organizaciones civiles, y terminan en la salida del aeropuerto Inca Manco Capac. Se trata de un acto simbólico que busca homenajear la memoria de las víctimas, siendo un evento libre de cualquier personaje político.
"Hasta el día de hoy nadie exige por nosotros justicia", declaró el presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas, Raúl Samillán.
Disuelven investigación
El recuerdo de este trágico hecho llega justo con una reciente resolución decretada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, quien oficializó la desactivación de múltiples equipos de la Fiscalía enfocados en la investigación de casos específicos, entre ellos el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), creado el 23 de marzo del 2023 para investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra la entonces presidenta Dina Boluarte.
El presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas, Raúl Samillán, en diálogo con Exitosa, no descartó la posibilidad de una iniciar una marcha de sacrificio o huelga de hambre frente a la Fiscalía, esto en rechazo de la decisión tomada por Aladino Gálvez, argumentando que la desactivación del Eficavip afectarán el avance de las investigaciones que, antes de que interviniera el fiscal interino, estas ya presentaban avances significativos.
