El abogado y excongresista de Somos Perú integrará por cinco años el órgano que resuelve controversias mineras. Su designación reaviva cuestionamientos por sus vínculos con figuras del entorno de César Acuña y Alianza Para el Progreso.

El Gobierno de José Jerí ha designado al excongresista Guillermo Aliaga Pajares como nuevo vocal titular del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Resolución Suprema N.º 015-2025-EM. El puesto tiene una duración de cinco años y otorga la potestad de decidir en última instancia administrativa sobre concesiones, formalización minera y sanciones dentro del sector. La noticia, difundida por el diario El Comercio y confirmada por fuentes del Minem, marca el ingreso de un actor político con antecedentes parlamentarios y un perfil jurídico consolidado al núcleo de decisiones mineras del país.

Sin embargo, más allá del nombramiento técnico, el caso ha encendido alertas en el escenario político. Aliaga —abogado y exlegislador de Somos Perú— mantiene lazos estrechos con el poder regional trujillano a través del estudio VAR Abogados, donde comparte sociedad con Luis Valdez Farías, secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso y con el alcalde de Trujillo, Mario Reyna.

Funciones 

El Consejo de Minería es el máximo órgano resolutivo en materia minera y su importancia es estratégica: decide sobre concesiones, apelaciones, sanciones y procesos de formalización, incluido el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La resolución de su nombramiento —publicada el 2 de noviembre— establece que Aliaga reemplaza a la abogada Marilú Martha Falcón Rojas y ejercerá funciones hasta 2030. Desde el Ejecutivo, se argumenta que su experiencia legislativa y su trayectoria en derecho administrativo lo califican para el cargo.

Vínculos peligrosos

El entramado detrás del nuevo vocal del Consejo de Minería no es menor. VAR Abogados —el bufete que Aliaga comparte con Valdez y Reyna— ha sido mencionado en investigaciones sobre el entorno financiero y político de APP, especialmente tras la compra de una mansión por parte de Ana Paula Ganoza, esposa de Luis Valdez, operación en la que Aliaga participó como postor. Ese episodio, aún bajo la mirada de la Fiscalía, sumado a la nueva designación, refuerza la percepción de un poder que se expande desde Trujillo hacia el aparato estatal.