GORE La Libertad: Namay y Rogger Ruiz habrían gastado S/ 13 millones para contratar indebidamente 400 profesionales
Según Contraloría, fueron contratos irregulares en 2024 y están implicados en total 17 gerentes, subgerentes y servidores del Gobierno Regional liberteño.
La Contraloría General de la República (CGR) identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 17 gerentes, subgerentes y servidores del Gobierno Regional de La Libertad (GORE-LL), por su participación en la contratación irregular de 397 profesionales, durante el año 2024, que ocasionaron el uso indebido de S/ 12.9 millones de recursos presupuestales.
Entre los funcionarios investigados y que tendrían responsabilidad penal están el gerente general del GORE, Martín Namay Valderrama, y el gerente general adjunto, Rogger Ruiz Díaz. Además, el gerente de Infraestructura, Jorge Bringas Maldonado; Jobvito Flores Mariños, gerente de Administración del GORE; Laura Horna Sánchez, subgerenta de Tesorería del GORE, entre otros funcionarios.
Como resultado del Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 065-2026-2-5342-AC también se detectó un perjuicio económico de S/ 310 062 debido a pagos en exceso a 50 profesionales contratados, cuyos montos oscilaron entre S/ 145.33 y S/ 28 885. De este total, 37 profesionales devolvieron los importes recibidos en exceso, por lo que aún queda pendiente recuperar S/ 167 919.
La Contraloría determinó que el GORE realizó modificaciones y certificaciones presupuestales que permitieron utilizar indebidamente recursos del Fondo de Compensación Regional (Foncor) y del Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, pese a que la normativa restringe el uso de estas fuentes de financiamiento para el pago de remuneraciones.
La contratación de los 397 profesionales se realizó sin concurso público de méritos y sin que las plazas estuvieran presupuestadas o contempladas en el Cuadro para Asignación de Personal del GORE. Además, los contratos se suscribieron sin que los datos del personal fueran registrados en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, requisito indispensable para la contratación de personal y el pago de planillas.
El informe de auditoría de cumplimiento fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales que correspondan, así como a la gobernadora regional, Joanna Cabrera Pimentel, para el deslinde de responsabilidades administrativas. El documento se encuentra disponible en el Buscador de Informes de Control y en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.
