Ciudadanos que abatan delincuentes no serán perseguidos por la justicia

Debido a la creciente preocupación por la seguridad ciudadana y el desamparo legal al que se han enfrentado las personas que se ven obligadas a repelar ataques criminales, el Poder Ejecutivo dio un giro histórico en la legislación penal del Perú.

A través de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1743, publicado el 8 de noviembre de 2026, el Gobierno oficializó un marco normativo más justo, garantista y realista para quienes defienden su vida, su integridad y sus bienes. Uno de los cambios es la modificación del literal b) del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, introduciendo de forma explícita un principio de inversión de la carga probatoria a favor de la víctima.

“Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario”, señala el documento. El ciudadano que se defendía de un asalto sufría un doble calvario: primero, sobrevivir al delincuente; segundo, demostrar ante la Policía, Ministerio Público y el Poder Judicial que su reacción no había sido "excesiva" ni "irracional". En la práctica, esto convertía a la víctima en investigada bajo sospecha permanente.

Con esta modificación, la ley parte de la premisa de que el ciudadano actuó de buena fe y de manera lógica ante el peligro. Si el Ministerio Público pretende procesarlo o llevarlo a juicio, la carga probatoria recae enteramente sobre los fiscales, quienes tendrán que demostrar de manera fehaciente e indubitable que la defensa fue irracional.

El nuevo decreto pone fin a los criterios dogmáticos e imposibles que aplicaban algunos operadores de justicia, quienes exigían una igualdad milimétrica entre el arma del agresor y el medio empleado por la víctima.