El Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) organizaron en la ciudad de Trujillo el taller de periodistas “Retos de la Comunicación Regional”, con el propósito de brindar a la prensa local información actualizada sobre el desarrollo y aportes de la industria minera en la región La Libertad y el país.
En el evento participaron Víctor Fuentes, economista y jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE); la especialista en gestión ambiental Ada Alegre Chang, gerente general de Ada Alegre Consultores y el periodista Enrique Chávez, director de Caretas y docente de la Universidad Científica del Sur, quien dictó una ponencia sobre el uso de data y manejo de fuentes periodísticas.
En su exposición, Fuentes destacó la importancia del sector minero para el desarrollo de la región La Libertad y el país. “El sector minero es un gran motor de crecimiento para la economía peruana y ha generado importantes recursos. Al cierre del año 2021, la minería formal pagó en impuestos y otros aportes al Estado peruano la cifra récord de 14,400 millones de soles”, indicó.
El representante del IPE explicó que estos recursos económicos que genera la minería son distribuidos por el Ministerio de Economía y Finanzas entre los gobiernos regionales y locales con el objetivo que se destinen para el cierre de las brechas de infraestructura y sociales. “Urge que estos fondos se inviertan de manera eficiente y focalizada en obras y/o programas que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, ya que actualmente solo se ha gastado el 67% de los aportes”, anotó.
Fuentes también se refirió al encadenamiento productivo que genera la actividad minera en las regiones. “Según un estudio que realizamos en el IPE, por cada puesto de trabajo directo que se genera en la minería formal, se crean otros 8 puestos de trabajo indirectos”, dijo.
Asimismo, informó que la minería representa alrededor del 7% de la actividad económica en la región La Libertad, tras advertir que este sector productivo se ha venido desacelerando desde
antes de la pandemia del Covid19, registrando una caída promedio anual de 4.2% entre el 2010 y 2019.
“Con la pandemia, la minería en La Libertad se contrajo 14.4% en el año 2020.La recuperación observada en el 2021 fue insuficiente y terminó 2.5% por debajo de lo registrado en el 2019”, explicó al subrayar que recién durante el primer semestre del 2022, la actividad minera alcanzó
los niveles de prepandemia.
El principal producto minero de La Libertad -precisó- es el oro, concentrando alrededor de un tercio de la producción nacional, convirtiéndose así en la primera región aurífera del país.
Finalmente, Víctor Fuente comentó que entre el 2009 y 2021 el gobierno regional de La Libertad y las municipalidades de esta región, concentraron el 79% de los recursos para inversión pública, pero apenas ejecutaron el 58.4% y 60.1% de dichos fondos, respectivamente, por debajo del promedio nacional. “A menos de dos meses de culminar el 2022, el avance de la inversión es de 48%, lo que significa que hay aún por ejecutar en La Libertad unos S/ 1,613 millones”, citó.
Por su parte, Ada Alegre Chang, señaló que la gestión ambiental en el sector minero ha venido siendo fortalecida sostenidamente desde inicios de la década de los años noventa cuando se aprobaron las primeras regulaciones para la protección ambiental en las actividades productivas.
“Todas las etapas de la actividad minera, desde la obtención de la concesión minera y la exploración inicial, hasta el cierre de una unidad de producción, están reguladas; son evaluadas y aprobadas previamente por las autoridades y son fiscalizadas por más de una decena de entidades, entre ellas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Sector Ambiente, y en los aspectos de seguridad, por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN)”, explicó la especialista en temas ambientales.
A su vez, dio a conocer que la elaboración y aprobación de los estudios ambientales que exige el Estado peruano, como en el desarrollo de las operaciones y la fiscalización ambiental, cuentan con mecanismos de participación ciudadana. Además, -anotó- están complementados
con autorizaciones, licencias y permisos otorgados por múltiples autoridades.
“El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) establece una estrategia de manejo ambiental con compromisos fiscalizables. Lo que se busca es prevenir y mitigar todos los aspectos ambientales de la operación minera y su relación con la situación del lugar donde se va a desarrollar, considerando: las actividades de la población circundante, el estado de la calidad del aire, agua y suelo, de los recursos naturales, entre otros”, expresó.
