El Informe de Auditoría N° 047-2023-2-5342-AC de la Contraloría General ha revelado importantes irregularidades en la prestación del servicio de alimentación en tres penales de La Libertad, que involucran un perjuicio económico considerable para el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la Región Norte. Aquí están los puntos clave de este informe:
Irregularidades en el proceso de selección y ejecución del servicio: El informe aborda tanto el proceso de selección para la contratación del servicio de alimentación como su ejecución contractual por un período de 365 días, que abarcó desde el 27 de diciembre de 2021 hasta el 27 de diciembre de 2022.
Duplicación de personal clave: Se encontró que la empresa contratada para prestar el servicio de alimentación en los dos penales de Trujillo asignó el mismo personal clave (nutricionista, gastrónomo y representantes) a ambos establecimientos penitenciarios. Esto contravenía las condiciones del contrato.
Personal no calificado: En algunas fechas, el contratista introdujo personal adicional y de reemplazo en los penales de Trujillo sin cumplir los requisitos académicos, de capacitación y experiencia necesarios, tal como lo establecían las bases integradas.
Vehículo utilizado para múltiples servicios: La unidad vehicular proporcionada por el contratista para la distribución de víveres en los penales de La Libertad también fue propuesta para prestar el servicio en los penales de Chiclayo y Tumbes en el mismo período.
Incumplimiento de horarios y ausencias: Se comprobó que el personal clave de los penales de Trujillo y Pacasmayo no cumplía con sus horarios de trabajo para las tareas relacionadas con el servicio de alimentación, incluyendo inasistencias, y que esto no fue supervisado adecuadamente por los equipos de control de los penales.
Conformidad sin justificación: A pesar de las irregularidades mencionadas, el personal del INPE encargado de supervisar, evaluar y controlar el servicio de alimentación en los penales otorgó conformidad a la prestación del servicio, lo que resultó en un perjuicio económico de S/ 275,737 debido al pago de honorarios que no correspondían y la falta de aplicación de penalidades.
Responsabilidades civiles y administrativas: Como resultado de estos hallazgos, se ha identificado a 17 funcionarios y servidores del INPE que podrían tener presuntas responsabilidades civiles y/o administrativas por su participación en los Equipos de Control de Alimentos en los penales de Trujillo y Pacasmayo durante el período auditado.
Acciones legales: El informe ha sido comunicado al director regional del INPE para que se deslinden las responsabilidades pertinentes. Además, se ha notificado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para que inicie acciones civiles contra los funcionarios y servidores involucrados en los hechos irregulares.
Distribución de raciones y beneficios: El contrato de servicio de alimentación, valorado en S/ 11.8 millones, cubría un total de 5,979 raciones diarias por 365 días, distribuidas entre los penales de varones de Trujillo, el penal de mujeres de Trujillo y el penal de Pacasmayo. Se señala que hubo una diferencia en términos de soles y raciones que benefició al personal del INPE de los tres establecimientos penitenciarios.
Acceso a los resultados de la auditoría: Los ciudadanos pueden acceder a los resultados de este informe y otros servicios de control a través del Buscador de Informes de Control y el portal www.gob.pe/contraloria.
