El artículo 60 de la Carta Magna de 1993 señala que el Estado solo podrá realizar actividad empresarial de forma subsidiaria y si es autorizado por una ley que exprese su necesidad pública. Asimismo, el artículo 84 prohíbe que el BCR realice operaciones de financiamiento al sector público, de tal manera que se eviten episodios inflacionarios como los vividos en el Perú en los 80.
“La incorporación de estos artículos ha permitido que durante los últimos años el Perú exhiba mejores resultados macroeconómicos en comparación con otros países de la región que no cuentan con marcos institucionales orientados a preservar la responsabilidad en el frente fiscal”, afirma Instituto Peruano de Economía (IPE).
Asimismo, la Constitución establece que el Estado debe combatir las prácticas anticompetitivas y de abuso de posiciones dominantes, además de garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado.
“Para garantizar la provisión de servicios y garantías establecidos en la Constitución, la tarea pendiente pasa por una reestructuración del aparato estatal. Ello podría promoverse a través de los mecanismos de reforma constitucional contemplados en la misma Constitución”, finalizó.
