Diariamente, cientos de ciudadanos venezolanos ingresan al país de manera irregular para mejorar su calidad de vida. Cada uno guarda una historia, tal es el caso de Milagros, una menor que llegó a Tumbes para alumbrar porque su expareja se encuentra en una cárcel de Ecuador por tráfico ilícito de drogas.

Por: Manuel Arselles.

Huir para vivir. Miles de ciudadanos venezolanos migran al Perú por una mejor calidad de vida. Dicen que la paga de acá es buena y con S/ 930 puede darse ciertos lujos. Algunos ahorran para continuar su viaje a Chile, donde les espera un trabajo seguro y con un sueldo mayor al que tenemos.

Expuestos a robos y violaciones, caminan cientos de kilómetros por la carretera que une Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Sus bolsillos claman por dinero y en sus espaldas cargan grandes mochilas que contienen un sinfín de ilusiones. Antes del 16 de marzo, los legales sellaban su permiso en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), ubicado en la provincia de Zarumilla, región Tumbes, para ingresar al país.

En cambio, una menor de 16 años optó por cruzar el límite entre Perú y Ecuador por uno de los 40 puentes ilegales construidos por las organizaciones criminales como El Tropezón. Las cifras no son exactas porque el Ministerio de Defensa reconoce solo 22 pasos ilegales que se ubican en el canal Internacional; sin embargo, la Policía derriba semanalmente hasta 40 de ellos.

La adolescente no vino sola. Su mamá Dailis nos autorizó levantar la identidad de la menor. Milagros, a su corta edad, recorrió casi 800 kilómetros para ingresar a Perú con la finalidad de alumbrar en un hospital de Tumbes. Lo hizo sola porque su familia la aguardaba con las esperanzas de conocer a su heredera. “Mi hija se encontraba sola en Pedernales (Ecuador) y necesitábamos más de mil soles para que llegue a Tumbes. (…) Solo tenía 300 soles”, dijo Dailis, desesperada porque necesitaba del dinero.

El cantón de Pedernales se encuentra a 280 kilómetros al este de Quito, la capital de Ecuador, y a 800 largos e interminables kilómetros del puente Internacional, ubicado en la ciudad binacional Aguas Verdes-Huaquillas. Para llegar a Tumbes, se sumaron otros kilómetros porque la frontera se encuentra cerrada por la pandemia del covid-19, y tuvo que pagar cupo para ingresar a nuestro país por uno de los puentes ilegales.

El comisario de Aguas Verdes, mayor PNP Mario Bonilla Bello, efectuó un operativo el 25 de diciembre en el sector Bahía e incautó cinco escaleras que se ubicaban estratégicamente en el canal Internacional. “Estos eran utilizados por las organizaciones criminales que cobran hasta 5 dólares para que crucen la frontera e ingresen al país de forma ilegal”, dijo.

Los primeros días de julio, Milagros ingresó al Perú con una maleta y sus únicos zapatos marrones. Ella vivía en la casa de la abuela de su expareja. Aparentemente, tenía todas las comodidades; sin embargo, no veía al papá de su niña hace tres meses porque se encuentra en la cárcel. Era un infierno dormir en ese lugar. Edinson Quiñonez le aguarda un encierro de 8 años en Ecuador por incurrir en el delito de tráfico ilícito de drogas.

En esos meses, su mamá se acongojó para que su nieta nazca en Tumbes. Pero, el covid-19 mantuvo en vela el viaje hasta que pudo juntar los mil soles. Dailis y sus menores hijas vivieron en un albergue ubicado en el paseo La Concordia, a escasos 100 metros de la plaza mayor de la ciudad de frontera. Ese lugar, como lo describe, es una cárcel porque tiene varias restricciones. Se ha quedado a dormir en la calle porque llegó pasada las 7 de la noche mientras que sus hijas eran cuidadas por extraños. No les pasó nada. “Nos cortaba la luz y estaba prohibido llegar tarde al albergue”, dijo.

Pero, ese esfuerzo le permitió al menos juntar el dinero y depositarle a Milagros para que viaje. No creyó en las autoridades que buscaron la forma de que ingrese al país de manera legal y humanitaria. La Defensoría del Pueblo intervino en el caso el 14 de junio; sin embargo, la operación rescate se truncó porque los primeros días de julio ya había cruzado la frontera. «Se demoraron mucho», dijo Dailis. Le pidieron que desista por el ingreso irregular, pero estaba contra el tiempo, en cualquier momento podía alumbrar.

“Una nieta es como si fuera tu hija. La cuidas en todo momento y ella no podrá sola con todo lo que ha pasado. Estaba sola en una casa donde su pareja está en la cárcel”, recordó nuevamente Dailis, mientras se escuchaba el llanto de la bebé. Milagros le tomó tres días para llegar al encuentro con su madre. Dos dólares llegó a pagar a Los Polleros en el canal Internacional para que pueda cruzar. Dicen que es un derecho utilizar uno de los puentes artesanales.

Mario Bonilla precisó que varias organizaciones criminales están detrás de la instalación de estos pasos ilegales. Cada semana aparece uno nuevo y no importa si se destruyen constantemente. “Cada cierto tiempo ejecutamos un operativo con la Policía de Ecuador para derribar estos puentes. En octubre encontramos varios que tenían bases sólidas”, dijo.

Seguridad sanitaria

El gobernador de Tumbes, Wilmer Dios Benites, declaró que cada día ingresan al menos 200 ciudadanos venezolanos por la frontera terrestre. Teme que colapse nuevamente el sistema sanitario ante el incremento de contagios de covid-19.

“Nosotros tenemos migrantes todos los días que circulan por la frontera. Son aproximadamente 200 venezolanos que cruzan nuestra frontera todos los días. Esto sí es una preocupación porque el 25% de los grupos que caminan están infectados”, señaló Dios Benites.

De acuerdo al reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa), actualizado el 1 de enero del 2021, el departamento de frontera registra un total de 719 muertes a causa del nuevo coronavirus, además de 22,278 contagiados.

El problema de sistema es la carencia de personal médico para atender a los enfermos. De las 19 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), solamente seis están en funcionamiento porque falta contratar a intensivistas. Los demás equipos se empolvan en el nuevo y rajado hospital que le costó al Estado más de S/ 160 millones. Ante este déficit, la autoridad regional denunció el ingreso de migrantes.