La pandemia ha desnudado muchas debilidades de nuestro sistema, el cual nos obliga a replantear muchos principios sobre los cuales se han asentado leyes, procesos, protocolos y formas de accionar de la vida de los peruanos en las últimas décadas. Desde marzo de este año, el sueño de desvaneció y mostró los crasos errores acumulados por décadas que nos pasan una pesada factura en el sector salud. Con la debacle económica mundial y local, hay diversos tipos de reacciones que, con el tiempo, pueden volverse en una amenaza más grave por las consecuencias que estas acciones pueden acarrear. Un ejemplo de ello ya lo vimos cuando miles de empleados públicos fueron despedidos en la primera década de los 90 y se “liberalizó” la importación de vehículos que en otras partes del mundo se considera chatarra o para uso limitado: así muchos de los despedidos optaron por entrar al servicio público y nos llenamos de ticos, buses camión, autos de timón cambiado, mototaxis, combis, vehículos siniestrados reciclados. Ahora, las ciudades peruanas son un ejemplo de un tráfico caótico, peligroso y altamente contaminante, fuera de estar plagado de mafias que imposibilitan planes de mejora para hacer ciudades sostenibles. Se adujo la libertad de empresa y emprendimiento para trasgredir reglas básicas e impedir cualquier reclamo ciudadano contra estas agobiantes respuestas que ahora son pesadillas urbanas.
Lo anteriormente expuesto no solo se da a nivel urbano y en pequeña escala. Lo vemos cotidianamente a todo nivel y a través de nuestro vasto territorio. Adjudicaciones de terrenos intangibles, permisos irregulares en áreas protegidas, concesiones en reservas naturales o pertenecientes a comunidades ancestrales se están volviendo el pan de cada día. O como leímos que el gran parque de Lince, Ramón Castilla, verdadero pulmón de la ciudad, puede perder hasta 30 % de sus áreas verdes en pro de construcción u otros usos. Ya tuvimos la amenaza del uso como zona de descarga de minerales a la Reserva de Paracas y pueden volver a la carga. La muerte de muchos dirigentes de comunidades selváticas no solo se da en Colombia o en Brasil, también es frecuente por estos lares como lo demuestra la reciente muerte de 3 ciudadanos kukama contra el uso indebido de su territorio para ser explotado por una petrolera. La locura de la necesidad de buscar dinero a como dé lugar será una de las justificaciones que se van a esgrimir de ahora en adelante. El problema es que explotamos ahora para quedarnos sin reserva de ninguna índole para el mañana. Recordemos el famoso boom pesquero de los 60 que depredó la anchoveta de nuestros mares. Tras esto están muchas personas vinculadas a grandes empresas, como así también gente ligada a negocios ilícitos como tráfico ilegal de madera, explotación de oro o el narcotráfico, actividad que está pasando de perfil bajo en tiempos de pandemia. ¿Cómo responderemos en cuanto a Sociedad Civil? ¿Qué dicen los partidos políticos que acogen congresistas ahora muy cuestionados por sus recientes actuaciones? ¿Serán y seremos cómplices o se buscará defender nuestros derechos como ciudadanos?
GERARDO CAILLOMA
