Organismo desacreditó la propuesta del presidente del Consejo Regional, Greco Quiroz, quien anunció que estaría preparando una ordenanza para regresar a cuarentena en fiestas navideñas.

La Defensoría del Pueblo de La Libertad confirmó que el Gobierno Regional no se encuentra facultado para decretar una cuarentena. Este pronunciamiento se da un día después de que el Consejo Regional estaría alistando una ordenanza para disponer el retorno al confinamiento por 30 días.

En un comunicado de prensa, precisó que los gobiernos locales y regionales contribuyen al cumplimiento de medidas establecidas en el decreto supremo. Por lo que las decisiones que tome el Consejo Regional contravendría al ordenamiento constitucional.

Lo que dice el decreto

El Decreto Supremo 184-2020-PCM establece la ampliación del estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del covid-19. La medida que comienza a regir a partir del 01 hasta el 31 de diciembre del 2020.

En la misma línea, el artículo 5 de la norma dispone que las medidas que pudiesen adoptar los gobiernos regionales deben ser coordinadas y aprobadas con antelación por el gobierno nacional:

“Artículo 5.- normas complementarias

Durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional dicta las normas que sean necesarias para el cumplimiento del presente decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y Locales contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias. En ese sentido, las medidas que propongan para contribuir a su cumplimiento, deberán ser previamente coordinadas y aprobadas por el Gobierno Nacional”.

De lo anterior se desprende que, el Gobierno Regional de La Libertad no se encuentra facultado para disponer de medidas de confinamiento focalizado, sino que una decisión de esa naturaleza debe ser autorizada por el Poder Ejecutivo, el cual asume competencia exclusiva en el marco de los regímenes de excepción, en virtud del artículo 137 de la Constitución.

En esa línea, el artículo 7 del citado decreto supremo señala que el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación, continuarán promoviendo y/o vigilando las siguientes prácticas, de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional:

a) Distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro.

b) Uso de mascarilla.

c) Protección a las personas adultas mayores y personas en situación de riesgo.

d) Continuidad del tamizaje de la población.

e) Continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud.

f) Difusión responsable de la información sobre el manejo de la COVID-19; así como, de las medidas adoptadas; etc.

Sin perjuicio de ello, es preciso mencionar y recordar que los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en el decreto supremo. En ese sentido, una medida del Consejo Regional de establecer el retorno del confinamiento y/o cuarentena contravendría nuestro ordenamiento constitucional.

En ese sentido, ni la Ley de Bases de la Descentralización (Ley 27783) ni la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) les confieren a los gobiernos regionales la competencia para establecer “toques de queda” y/o cuarentena focalizada, siendo tales disposiciones, contrarias al ordenamiento jurídico.

Facultades

Sin embargo, los gobiernos regionales sí pueden transmitir sus necesidades a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), establecer un nivel de coordinación, a efectos de que el propio Poder Ejecutivo disponga, si resulta necesario, la cuarentena focalizada en dicha región, provincia o distrito.

De igual manera, es necesario que el Gobierno Regional siga promoviendo y vigilando el cumplimiento de las prácticas de bioseguridad por parte de la población. De igual manera, los gobiernos locales, deben seguir reforzando sus actividades de fiscalización en los servicios de transporte, mercados y locales comerciales, y la Policía Nacional, hacer cumplir las normas de la emergencia nacional dictadas por el Ejecutivo.